El ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, junto al secretario de Finanzas, Nicolás Caputo. Nicolas Stulberg 162
El ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, junto al secretario de Finanzas, Nicolás Caputo. Nicolas Stulberg 162

Una quita en el pago de los casi USD 2.100 millones de la sentencia definitiva actualizada a los fondos NML, Aurelius, Blue Angel y Olifant que ganaron el juicio contra la Argentina, junto a un pago en bonos al 7% anual, y los llamados mee too, son las alternativas que evalúa el equipo económico para cerrar definitivamente la reestructuración de la deuda pública argentina iniciada en 2005.

En la segunda semana de enero comenzarán las reuniones formales en Nueva York del nuevo equipo económico, las que prometen ser difíciles por la postura de los holdouts. "Se acordó un cronograma de encuentros a llevarse a cabo durante enero con el objeto de arribar a una solución al largo litigio en el juzgado de Nueva York", comentaron a Infobae fuentes cercanas al Ministerio de Hacienda y Finanzas.

Quienes están trabajando en el tema son el secretario de Finanzas, Luis Caputo, el asesor de la presidencia de la Nación, Mario Quintana, y en los últimos días se sumó el abogado especialista en reestructuraciones de deuda Eugenio Bruno.

El Gobierno propondrá una quita de USD 2.100 millones pago con bonos

Lo que sí está en la mesa de discusiones del equipo económico es la futura derogación, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, de la ley aprobada en la gestión de Cristina Kirchner para que los pagos de la deuda sólo se hagan en la Argentina para evitar embargos.

El Congreso argentino aprobó esa ley el 14 de septiembre de 2014 para cambiar la sede de Nueva York a Buenos Aires para el pago de bonos de su deuda, incluyendo a París o donde sus acreedores lo prefieran como sedes alternativas de cobro, con el fin de evitar un bloqueo judicial de fondos en Estados Unidos. La Argentina entró en especie de "default selectivo" porque no puede pagarle a los bonistas que tienen bonos con legislación Nueva York al expulsar al Bank of New York (BoNY) como banco pagador.

La idea es utilizar el mercado del Euroclear para hacer los pagos de deuda, ya que no está afectado por la sentencia del juez Thomas Griesa para comenzar a pagar las amortizaciones e intereses que están depositados en una cuenta del BCRA en la Argentina y que suman unos USD 1.500 millones, y esto es parte de la negociación. Se pediría un stay que Griesa podría otorgarle a la Argentina para que haga los pagos pendientes.

Derogarán la ley que obliga a pagar cupones de deuda sólo en el país

Demasiado premio en compensación

De acuerdo a lo que pudo saber Infobae, Alfonso Prat-Gay junto al estudio de abogados de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton podría utilizar el argumento que presentó el ministro el 4 de enero de 2003 cuando fue citado como Amicus Curiae de Argentina ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. El argumento que utilizó Prat-Gay, en su presentación dice que "contrariamente al relato oficial que habla de quitas récord a los bonistas, nuestro país fue demasiado generoso con ellos y mal podría serlo todavía más con aquellos que no aceptaron el canje, como sugiere el fallo de Griesa", y agrega que "la tan mentada quita del 75% a los bonistas termina siendo del 48% a la hora de tener en cuenta los pagos del llamado cupón de PBI".

En ese aspecto Prat-Gay y su equipo económico consideran que los bonistas recibieron unos USD 10.000 millones de regalo por el bono atado al cupón PBI.

También se analiza que la sentencia definitiva que obliga a pagar a los holdouts unos USD 1.300 millones, en la actualidad serían unos USD 2.100 millones. Incorporó intereses muy altos ya que se utilizaron tasas de interés para actualizar los intereses de la deuda que cuadriplican al que se tendría que haber aplicado.

Aseguran que la sentencia de Griesa aplicó intereses muy altos

Al respecto uno de los economistas que trabajó en el Canje II de la deuda del 2010, junto a Amado Boudou y Hernán Lorenzino, manifestó a Infobae que "nosotros calculábamos que la sentencia definitiva sería por unos USD 400 millones y nos sorprendimos cuando el número final llegó a USD 1.300 millones, por eso apelamos pero no tuvimos suerte y la sentencia es definitiva y hay que pagarla pero la tasa de interés que se utilizó para la actualización fue muy alta y además se les reconoció todo a los bonistas que se presentaron por el pari passu".