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Vecchio, abogado y dirigente de Voluntad Popular, se presentará junto a otro dirigente opositor, Juan Carlos Gutiérrez, ante la corte de La Haya este martes para pedir la apertura de una investigación contra el actual presidente venezolano.

El argumento de los dirigentes se basa en el artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), que señala que "el Fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de información acerca de un crimen de la competencia de la Corte".

La fiscal en cuestión es en este caso Fatou Bom Bensouda, de Gambia, quien debe analizar la veracidad de la información recibida. Para ello, toma la denuncia y recoge más información de "los Estados, los órganos de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales", establece el texto del Estatuto.

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La competencia de la CPI sobre lo que suceda en Venezuela se justifica en que el país sudamericano es Estado Parte del Estatuto de Roma.

La solicitud de los abogados venezolanos, entre los que el sitio sumarium.com menciona a Juan Carlos Vargas, Joanna Frivet y Francisco Quintana, aporta información sobre los múltiples abusos del régimen chavista que dirige Nicolás Maduro.


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Los elementos apuntan a probar que el actual mandatario es responsable de "asesinato, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, persecución y otros actos inhumanos".

La tarea de la fiscal debe determinar si existe fundamento para abrir una investigación. De considerar que sí, pedirá una autorización para hacerlo, y las víctimas podrá entonces presentar sus observaciones ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Este organismo decidirá aceptar o desestimar el caso.


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20 meses de abusos

Desde las protestas populares que estallaron el 12 de febrero de 2014, el régimen de Nicolás Maduro ha estado signado por la represión a todo tipo de oposición. El saldo provisorio estableció 42 muertos, 486 heridos y más de 1.800 detenidos.

Se destaca también el encarcelamiento de dirigentes opositores y los juicios irregulares contra ellos.

El caso emblemático es el de Leopoldo López, condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. Las manipulaciones de la Justicia en este juicio fueron tan grandes que uno de sus fiscales, Franklin Nieves, se exilió para poder denunciarlas. Actualmente se encuentra en curso una apelación a la condena.



También el ex alcalde caraqueño, Antonio Ledezma, fue encarcelado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en un procedimiento espectacular en el que allanaron sus oficinas sin orden judicial.

La acusación contra Ledezma parte del propio Poder Ejecutivo representado por Maduro, quien lo señala como autor de un plan para derrocarlo. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario por problemas de salud.

También la dirigente María Corina Machado ha sufrido la persecución y ha sido despojada de su banca en la Asamblea Nacional por "traición a la Patria", con el argumento de que se presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) ocupando la banca cedida por Panamá para poder denunciar al régimen chavista.