@fmcapitalsalta 162
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Acaso debido al juzgado que dirige, ubicado en Orán, en la zona caliente de las rutas fronterizas de la droga, el nombre de Reynoso siempre llegó a los medios asociados al narcotráfico. Primero, como denunciante; luego, como denunciado.

El juez estuvo al frente de los reclamos que un grupo de magistrados del norte argentino hizo para pedir más instrumentos para enfrentar el flagelo. La presidente Cristina Kirchner recordó en un acto que ella misma lo mencionó al hablar sobre el tema tiempo atrás. Pero en los últimos días él se convirtió en el objeto de investigación.

Reynoso fue de cohecho pasivo, prevaricación y de liderar una asociación ilícita que incluye a abogados de la zona, cuyo supuesto mecanismo consistía en recibir sobornos de traficantes de drogas a cambio de favores y liberaciones. Hay al menos 11 denuncias que lo comprometen en ese sentido, y que motivaron una investigación iniciada por el juez salteño Julio Bavio, con apoyo del Estado nacional, a través de la PROCUNAR.

Envuelto por la tormenta, el magistrado rompió el silencio y contraatacó. En una conferencia de prensa con medios de la zona, negó los cargos que se le imputan -"no tengo nada que ver", dijo-, aunque evitó responder con precisión sobre los casos.

Reynoso está acusado de cohecho pasivo, prevaricación y de liderar una asociación ilícita

Reynoso adelantó que denunció ante el Consejo de la Magistratura a su par Bavio, quien en principio no podría continuar al frente de la causa. Bavio ordenó en las últimas horas allanar el juzgado de Orán en búsqueda de pruebas. En paralelo, ya se detuvo al secretario de ese tribunal y a otros cuatro abogados.

NA
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"Cuando tenga la oportunidad de ver la causa en la que se me imputa, daré las explicaciones y haré la defensa que corresponda", dijo cuando se excusó de responder algunas preguntas. "Ya hubo casos de abogados que pidieron plata en mi nombre", sostuvo.

Reynoso sugirió que es víctima de una campaña en su contra por la que apuntó a otros jueces que querrían ocupar su lugar. "Me acosan", indicó, antes de señalar que su familia ha sido amenazada. "Me siento perseguido por denuncias maliciosas. Estas son acciones de gente mal intencionada", dijo, de acuerdo a El Intransigente.

Consideró, además, que la presentación en su contra "es un hecho de gravedad institucional" y defendió su trabajo. "Me hicieron auditorias desde Buenos Aires, revisaron 1.300 expedientes y no encontraron causas para destituirme", aseveró el juez oranense y agregó que "aquí se nos trató de coimeros. Esa es una acusación seria, porque es un delito penal. No vamos a minimizar el tema. Que se investigue, dijo según recogió El Tribuno de Salta.

"Si me procesan, puede haber suspensión y destitución", concedió. Consultado sobre su posible renuncia, contestó: "Estamos evaluando qué caminos tomar".