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Alejandra Gils Carbó avaló, en su carácter de procuradora general, la designación de Laureano Durán al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata, cuya posición estratégica radica en que tiene competencia electoral en toda la provincia de Buenos Aires. La funcionaria comunicó su decisión mediante un dictamen enviado a la Corte Suprema, que en los próximos días dará su veredicto.

El nombramiento de Durán, en 2014, desató una ola de críticas. Se trata de un abogado –de entonces 37 años– afín al kirchnerismo y que mantenía un estrecho vínculo con el ministro de Justicia, Julio Alak, por su padre, el fallecido camarista Alberto Ramón Durán. Tras la muerte del titular del juzgado, Manuel Blanco, fue designado para el puesto, pese a que hasta ese momento se desempeñaba como secretario contratado y tenía el cargo de escribiente en la Sala I de la Cámara Federal platense.

Ya en aquel año la oposición cuestionó el nombramiento. El titular de la UCR, Ernesto Sanz, denunció que la maniobra apuntaba a favorecer al partido del Gobierno en las elecciones. "Con una ilegalidad crean las condiciones para hacer en las elecciones tanta trampa como puedan. Quieren ganar en los juzgados lo que pueden perder en las urnas", aseguró.

El radicalismo pasó de la queja a la acción y llevó el caso a la Justicia. Primero el juez Alberto Osvaldo Recondo apartó a Durán a partir de una presentación de los comités de La Plata y Magdalena de la UCR. Pero la Cámara Federal de la capital bonaerense revocó esa decisión. Tras la apelación, interviene la Corte Suprema.

El dictamen de Gils Carbó se presentó en el marco del análisis que el máximo tribunal hace de la polémica Ley de Subrogancias, que permite al Consejo de la Magistratura nombrar jueces suplentes a partir de una mayoría simple. La norma tuvo en las últimas semanas varios fallos adversos, que invalidaron parte de su articulado. La Corte podría cerrar el capítulo con un fallo antes de la segunda vuelta electoral.