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El juez de Jáchal Pablo Oritja dispuso ayer prolongar la suspensión de actividades que utilicen cianuro en la mina Veladero, que opera Barrick Gold. La decisión se extendía hasta tanto no se cumplieran una serie de mejoras para optimizar los cuidados en el yacimiento, en donde hace más de una semana se produjo una fuga hacia ríos de esa zona de San Juan, encendiendo las alarmas por un posible desastre ambiental. El cese de la medida cautelar fue duramente criticado por tres ONG.
A menos de 24 horas de haber dictado esa medida, Oritja habilitó a la empresa a volver a operar con cianuro, sustancia que se requiere separar la roca del oro. Lo hizo tras comprobar la realización de las obras solicitadas para que el valle de lixiviación tenga más garantías ante eventualidades como la ocurrida días atrás. No obstante su decisión, el magistrado le puso a la firma "condicionamientos" que hasta el momento no se revelaron, informó el Diario de Cuyo.
Ayer, la minera canadiense reconoció que se derramaron más de un millón de litros de solución cianurada. En un primer balance, había informado que la fuga era de 224 mil litros.
La suspensión se había ordenado a partir de dos recursos de amparo. Sin embargo, son numerosas las causas judiciales que se iniciaron por el derrame. Directivos de la empresa fueron citados a declarar en San Juan. Además, dos fiscales federales pidieron iniciar investigaciones para determinar no sólo las responsabilidades de Barrick Gold, sino también de los Poderes Ejecutivos de la provincia y la Nación, frente a la sospecha de que pueda haberse registrado incumplimientos en los controles.
Esta mañana, el gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, aseguró que "el problema está superado" y prometió "castigar a culpables y para decirles a todos los argentinos que la minería tiene que ser sustentable".
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) manifestaron su "profunda preocupación" por la decisión del magistrado Oritja.
Enrique Viale, de la AAdeAA, planteó: "En San Juan, todo puede pasar como, por ejemplo, que a 24 horas de conocerse que fueron 1 millón los litros de cianuro derramados sobre la cuenca del río Jáchal, un juez tome la decisión de levantar la medida cautelar desconociendo los principios preventivo y precautorio, que son la columna vertebral del derecho ambiental". Y agregó: "La estrategia coordinada por Barrick y el Gobierno de Gioja es instalar la teoría de que 'ya está', 'no pasó nada', cuando estamos ante uno de los peores desastres ambientales mineros de la historia argentina".
Por su parte, Gonzalo Strano, de la campaña de "Glaciares" de Greenpeace, destacó: "Todavía hoy se sigue escatimando información fundamental sobre el accidente y sus consecuencias".
En esa misma línea, la directora de Participación de FARN, Pía Marchegiani, subrayó: "Si bien el magistrado habría impuesto una serie de condicionamientos, nos preocupa el hermetismo con el que se manejó el incidente, la escasa información sobre las circunstancias del hecho brindadas por las autoridades, y las medidas de gestión de riesgo y manejo de contingencias utilizadas. No se pueden seguir manejando asuntos tan delicados de esta manera".
En un comunicado conjunto, las organizaciones exigieron "el inmediato esclarecimiento del incidente -cuál es efectivamente la cantidad de solución cianurada vertida al ambiente, la dimensión de la superficie afectada por el derrame- con intervención de peritos técnicos imparciales, así como que se hagan públicos tanto los resultados de los distintos informes técnicos efectuados, como las medidas tomadas para salvaguardar el ambiente y la salud de las personas que viven en zonas aledañas o influidas por el megaproyecto minero".