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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró este jueves "inejecutable" el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor de que se restablezca la señal del canal RCTV por contradecir la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución.
En un comunicado difundido este jueves, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó de que la Sala Constitucional de este organismo "declaró inejecutable el fallo de la Corte IDH (...) en el caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) vs. Venezuela" que se emitió el lunes pasado.
En el escrito se indica que la imposibilidad de que se ejecute la sentencia se debe a que "contradice la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, atentando contra el propio sistema de protección internacional de los derechos humanos".
El TSJ señala que este fallo "pretendió erradamente proteger derechos humanos de una empresa como lo es RCTV; desconoció la necesidad de agotar los recursos de la jurisdicción venezolana para poder recurrir a instancias internacionales".
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Además, apunta que, "en desprecio de la soberanía nacional", la sentencia pretende "disponer del espectro radioeléctrico venezolano al ordenar al Estado venezolano restablecer la frecuencia del canal 2 a RCTV".
El Supremo también indica que el fallo de la Corte IDH "reconoce que el Estado venezolano no estaba obligado a renovar la concesión a RCTV" y, sin embargo, "contradictoriamente" ordenó el restablecimiento de la concesión.
Critica, además, que con este fallo la Corte IDH "expone al mundo el empleo indiscriminado y parcializado de las herramientas de un sistema que, en teoría, fue instalado para la protección de los derechos humanos, pero que en la práctica pareciera perseguir el objetivo de proporcionar cautelas y protecciones a intereses económicos espurios".
La Sala Constitucional concluye que esta corte "no tiene competencia para pronunciarse acerca de la renovación de la concesión" a RCTV "ya que toda decisión al respecto compete, en primer orden, al derecho interno venezolano, que en ningún caso ha sido agotado previamente".
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Como cierre del comunicado, el TSJ informa de que le sugirió al Ejecutivo evaluar la posibilidad de remitir a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos copia de este pronunciamiento "con el objeto de que ese órgano analice la presunta desviación de poder de los jueces integrantes de la Corte IDH".
El presidente de RCTV, Marcel Granier, dijo el martes que espera que el Gobierno acate la decisión de la Corte IDH que ordenó restablecer la señal a su canal.
"Es un gran triunfo de Venezuela. Una oportunidad para que los venezolanos vivan con su derecho a ser informados (...); también deben devolvernos los equipos que nos robaron", sostuvo en unas declaraciones publicadas por el diario venezolano El Nacional.
En 2007 el Estado venezolano no renovó la concesión de la frecuencia de televisión abierta con la que RCTV operaba desde 1953.
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En la demanda planteada ante la Corte IDH, que dio a conocer su fallo este lunes, los propietarios del canal televisivo argumentaron que esa medida fue tomada porque se negaron a cambiar su línea editorial crítica con el gobierno del por entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013).
El fallo de la Corte IDH sostuvo que ha sido "probado que en el presente caso se configuró una restricción indirecta al ejercicio del derecho a la libertad de expresión producida por la utilización de medios encaminados a impedir la comunicación y circulación de la ideas y opiniones".
En septiembre de 2013 Venezuela hizo efectiva su salida de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), retiro que había decidido el presidente Hugo Chávez, quien acusó al sistema de estar manipulado por Estados Unidos.
En mayo de 2013, el entonces canciller venezolano, Elías Jaua, advirtió que su país no acataría fallo alguno de la Corte IDH sobre RCTV y que Venezuela tendría que ser invadida para obligar al Gobierno a restituirle la frecuencia a ese medio.
La Convención regula el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, y la Corte IDH, con asiento en San José de Costa Rica.