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"El sábado en las horas del mediodía llegaron los guardias, ingresaron a nuestra casa y retuvieron mi documento de identidad. El documento a él se lo entregaron (a su marido venezolano) y a mí me lo retuvieron. Me lo vinieron a entregar a las 10 de la noche, me deportaron y colocaron mi huella. Me dijeron que si yo volvía a pasar me metían presa". Esas palabras le pertenecen a Jessica Urrego, una colombiana que se casó con un venezolano con el que tiene dos hijos.

Por el solo hecho de ser colombiana, la Guardia Nacional Bolivariana la expulsó del lado venezolano de la frontera y dividió por completo una familia.

"Me dijeron que si yo volvía a pasar me metían presa"

Su marido explica, en la entrevista con la revista Semana, que no se tuvo en cuenta que la pareja está casada y que los dos niños son venezolanos. "No hubo conciliación ni con derechos humanos ni con nada. Lo único que dijeron los militares es que por orden del presidente Nicolás Maduro la gente colombiana tenía que ser desalojada".

Y agregó: "Prácticamente desprenden a un vínculo familiar, desprenden a una madre de sus hijos. Así como estamos nosotros hay muchos en la misma situación, que son abuelas, son madres enfermas, son padres también que están delicados de salud y fueron retirados como animales".

"Desprenden a un vínculo familiar, desprenden a una madre de sus hijos"

Jessica acotó que ni siquiera le dejaron agarrar más ropa que la que tenía puesta, y su esposo subrayó que ella no puede alimentarse como es debido.

Este relato, como el de tantos otros recogidos durante la última semana, da cuenta de una violación a los derechos humanos. De esas denuncias se hizo eco la organización Amnistía Internacional (AI), quien dijo estar "profundamente preocupada" por las denuncias recibidas de graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra ciudadanos colombianos en Venezuela en el marco del estado de excepción declarado por el presidente Nicolás Maduro.

Más de 1.000 colombianos que vivían en ciudades fronterizas, en el estado Táchira, han sido deportados por Venezuela en operativos conjuntos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Fuerza Armada en los últimos cinco días, según denunció AI en un comunicado.

"En algunos casos se han denunciado maltratos durante la detención, desalojos forzosos y demolición de casas donde vivían o se cree que vivían nacionales colombianos sin ningún tipo de respeto de garantías", agregó la organización.

Reuters
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La crisis humanitaria comenzó el miércoles de la semana pasada, cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la frontera que comparten los estados de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander.

Esa decisión estuvo motivada por el ataque de presuntos contrabandistas contra militares venezolanos que se saldó con tres uniformados y un civil heridos.

Posteriormente, el mandatario declaró el estado de excepción en cinco ciudades de Táchira para buscar a presuntos paramilitares que operan en la frontera y desató una oleada de deportaciones de ciudadanos de ese país que, según denunciaron, vieron cómo sus casas eran marcadas y tuvieron que salir con lo puesto dejando sus propiedades atrás.

AI mostró una "especial preocupación" por los informes que indican que grupos familiares han sido separados, lo que ha producido que niños queden abandonados en Venezuela después de la expulsión de sus padres a Colombia.

Por ello, pese a reconocer que el Estado tiene el deber de mantener la seguridad y el orden público, recordaron que las acciones destinadas a garantizarlas "no pueden resultar en violaciones de derechos humanos".