162
162
 162
162

Unas de las primeras imputaciones judiciales por la quema y robo de urnas durante las escandalosas elecciones tucumanas del domingo no recayeron sobre militantes del kirchnerismo o de la oposición agrupada en el Acuerdo para el Bicentenario, aunque se habría detectado a activistas de esos sectores como partícipes de los desmanes, sino que recayeron sobre militantes del Partido Obrero. Así consta en la decisión del juez Víctor Manuel Pérez sobre la base de la acusación elaborada por la fiscal María de las Mercedes Carrizo, de fuertes vínculos con el gobierno de José Alperovich. El juez Pérez imputó a cuatro militantes -tres pertenecientes al PO- por "robo y otros delitos" en el marco de la investigación de los actos vandálicos durante los comicios y por la que los sospechosos permanecen detenidos desde el día de la elección. Sin embargo, todo parece indicar que se trata de unos "perejiles".

La causa se caratula "Kobak, José Rubén y otros sobre robo y otros delitos". De acuerdo al testimonio del sargento Leonardo Aquino, jefe de los gendarmes a cabo de la seguridad de la escuela Manuel Lizondo Borda de la localidad de Los Ralos, cuando el escrutinio daba como ganador al candidato a delegado comunal Luis Paz, que pertenece al alperovichismo que postulaba a la gobernación a Juan Manzur, varios otros candidatos a delegados comunales, entre los que se encontraba José Kobak -candidato del Partido Obrero en el Frente de Izquierda-, empezaron a convocar a sus seguidores a producir incidentes. Los vecinos disconformes con los resultados habrían comenzado a prender gomas e intentado entrar a la escuela. Según el mismo testimonio, en ese momento los gendarmes -que habían solicitado refuerzos- pudieron aprehender a tres de los agitadores, cuyos nombres son: Santiago Felipe Navarro, Ramón Alejandro Navarro y Sebastián Marcio Vera. Superados en número, los gendarmes no habrían podido calmar a la turba encabezada por José Kobak quien "los lideraba para evitar que se continuara con el trabajo (de conteo de los votos), interponiéndose en el medio del portón y no entraba en razones, vociferando insultos y amenazas para nosotros y los ahí presentes, incitando que agredan a los móviles y al personal policial, logrando sacar las urnas y alejarlas del lugar". Luego, las fuerzas del orden habrían arrestado a Kobak.

Con estos elementos, la fiscal Carrizo pidió la imputación de los detenidos bajo el cargo de "robo y otros delitos", a lo que el juez Pérez accedió, tomando en cuenta además el testimonio de Pablo Esteban Paz. Sin embargo, en el informe policial se señala que Paz se hizo presente de forma espontánea y entregó una de las urnas, abierta y violentada, y que dijo que había visto a Franco Rodríguez, hijo del candidato Héctor Antonio Rodríguez, sacar una urna de la escuela y que al ver que Paz lo había sorprendido, la arrojó y escapó del lugar. Héctor Antonio Rodríguez, padre del joven señalado como uno de los vándalos, pertenece a otra línea interna del alperovichismo.

¿Para qué tendría ese partido interés en quemar urnas?

De toda la teoría judicial, resulta extraño que el candidato Kobak tuviera algún tipo de interés en quemar las urnas al comprobar que su lista no iba ganando. De hecho, la lista del Frente de Izquierda no alimentaba demasiadas expectativas electorales y, para confirmar su pronóstico, en el recuento provisorio alcanzaba un 1% de los votos totales. ¿Para qué tendría ese partido interés en quemar urnas de esa manera?

"No tendríamos ningún interés en una acción de esa naturaleza, desde ningún punto de vista: ni general, ni regional, ni particular -asegura Daniel Blanco, candidato a gobernador de Tucumán del FIT, a Infobae-. Incluso con los resultados podemos mensurar nuestro desarrollo político en la zona. Es sabido que nosotros somos un partido de lucha, que plantea reivindicaciones populares, pero estamos alejados de cometer actos vandálicos como método. Si pasara eso en Los Ralos, que es un pueblo chico, sería vox populi en segundos. Cometer un hecho de esa naturaleza hubiera implicado un perjuicio general a toda la organización y habría manchado nuestra trayectoria. Finalmente, no existiría ninguna explicación lógica por la cual nos hubiera convenido, en última instancia, quemar una urna. No cabe en ninguna cabeza".

La versión de varios testigos -diferente de la que brindó la policía y que permitió que la fiscal Carrizo y el juez Pérez decidieran la imputación de los detenidos- resulta más verosímil. Según esos testimonios, en la escuela Lizondo se habría producido un enfrentamiento entre patotas de dos fracciones del oficialismo alperovichista. Ambas postulaban a Manzur, pero por el sistema de acoples se veían enfrentadas en la elección.

"El comicio había terminado con normalidad a las seis de la tarde, pero a las diez de la noche, cuando se tenía la tendencia más o menos definitiva, se produjo un enfrentamiento de patotas de dos líneas del oficialismo -dice a Infobae un hombre que fungió como fiscal en la escuela de Los Ralos, pero que prefiere resguardar su identidad por temor a represalias-. El fiscal general de la lista oficialista que iba perdiendo, la de Héctor Rodríguez, montó una especie de provocación, se puso a gritar, a hacer lío, y entonces los gendarmes lo detuvieron. En ese momento entró su patota al lugar con mucha violencia, hasta se escucharon tiros, y se llevaron las urnas. Mientras tanto, entró la otra patota, la que respondía al candidato ganador Luis Paz a enfrentarse con los anteriores. En medio de un caos gigante, de gritos, insultos, piñas, los de Rodríguez se pudieron llevar seis urnas. Una la prendieron fuego afuera de la escuela, las otras se las llevaron, una parece que la tiraron en la casa de un vecino que no tenía nada que ver con los hechos. Los gendarmes pudieron calmar la situación y después de media hora más o menos de todo esto, se reanudó el recuento de los votos".

"Se estaban llevando a nuestros compañeros que fiscalizaban mientras a los patoteros los habían dejado ir"

Sin embargo, a las doce de la noche también se reanudó el caos. "En un cuarto oscuro estaban cerrando la votación la fiscal general y nuestra fiscal, Elizabeth Ávila, que había recibido a su marido Santiago Navarro, que se preocupó cuando se enteró de la pelea entre patotas -cuenta Lidia Kobak, hermana del detenido y también militante del PO, cuyo brazo quedaría fracturado en los acontecimientos que estaban por suceder-. En un momento ingresó la policía y detuvo directamente a Santiago, sin explicar por qué. Su primo Alejandro Navarro, que también fiscalizaba, empezó a preguntar por qué se lo llevaban y se lo llevaron a él también y a Sebastián Vera, que fiscalizaba para otro acople del oficialismo. Cuando nos enteramos de esto nos pareció injusto: se estaban llevando a nuestros compañeros que fiscalizaban mientras a los patoteros los habían dejado ir. Se los querían llevar en una camioneta detenidos y nos plantamos en el portón de la escuela exigiendo explicaciones y que los liberen, porque no habían hecho nada ilegal. En un momento empezaron a disparar balas de goma y abrieron el portón y salieron rápidamente. Una gendarme me pegó un culatazo en la espalda. En un momento vi que una vecina estaba en el piso y la fui a tratar de ayudar, pero esta gendarme se anticipó y me pegó tan fuerte que me hizo volar y caí sobre mi brazo, que quedó fracturado. Mientras tanto había otros vecinos que habían recibido balazos de goma también. Para protegerse, José Kobak, mi hermano, se había alejado de los tiros. Entonces un auto fue hacia él, bajaron unos policías de civil, lo golpearon y lo metieron y se lo llevaron. Era como que lo habían secuestrado. Cuando pudimos recuperarnos fuimos a la comisaría, pero Kobak no había pasado por ahí. Lo habían llevado directamente a la Brigada Regional de Lastenia".

Desde ese momento Kobak y los demás detenidos permanecieron en las celdas de Lastenia, sin que se les especificara niguna acusación, a pesar de los habeas corpus planteados por sus abogados, hasta que el martes por la tarde el juez anunció que se los acusaba por "robo y otros delitos", se los imputaba en calidad de detenidos y se pronunciaba por diez días más de encierro en función de seguir las instancias judiciales.

Infobae se comunicó con la fiscal María de las Mercedes Carrizo para preguntarle por los hechos de la quema y robo de urnas de Los Ralos y ante la consulta sólo hizo una breve declaración formal: "Se están haciendo las medidas probatorias correspondientes". Aníbal González, abogado de los detenidos, dice: "Se los acusa del delito del robo de las urnas sin ningún elemento de prueba que los vincule a ese acto. En la decisión de la fiscal ni siquiera incluye los considerandos para concluir por qué debería imputárselos de ese modo. A primera hora del miércoles pediré la nulidad de todo lo actuado y la liberación inmediata de mis representados".

¿Se podría especular que la detención de sujetos ajenos al delito del robo de urnas es una maniobra distractiva para evitar profundizar sobre la pelea entre patotas del oficialismo? Ya Aníbal Fernández había acusado en alguna oportunidad -y la justicia había detenido- a Rubén "Pollo" Sobrero por delitos de sabotaje sobre los que el ferroviario demostraría su inocencia. El episodio muestra, de todas maneras, el estado de violencia con que se realizó la elección tucumana del domingo, en la que las detenciones de Los Ralos son tan solo un eslabón de la cadena de la falta de funcionamiento democrático en la provincia. En la masiva movilización del martes por la noche en la plaza Independencia se pudo ver una bandera que rezaba: "Libertad a José Kobak y los compañeros. Abajo el fraude y la represión".

 162
162