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"Para la democracia brasileña es importante que el caso petrolão se investigue y se lleve a juicio y que conduzca a un rendimiento de cuentas genuino y a una reforma, lo cual incluye condenas y prisión para algunos pero también que se vuelvan a pensar y se cambien las reglas del sistema de financiamiento de las campañas políticas mediante donaciones de individuos y de empresas". Para el profesor Anthony Pereira, director del Instituto sobre Brasil de King's College, en Londres, el escándalo de Petrobras tiene una arista de actualidad pero, sobre todo, un gran trasfondo que se extiende desde el pasado y se proyecta al porvenir.

Este investigador sobre las nuevas instituciones de rendición de cuentas en Brasil, y uno de los mayores expertos mundiales en democracia y autoritarismo y cambios políticos, económicos y sociales en Brasil en los siglos XX y XXI, observó que "la escala y el alcance de la corrupción presunta son tan grandes que sólo se puede tener la esperanza de que las investigaciones den como resultado alguna clase de responsabilidad penal y de reforma política".

Y algo fundamental, agregó en su diálogo con Infobae: "También es importante que los partidos políticos de aquellos individuos implicados en el escándalo repudien las acciones de esas personas".

Como experto en la Justicia de Brasil, ¿cómo ve el caso Petrobras case? ¿Qué le parece la labor judicial en comparación con otros casos, como los que derivaron en la destitución del presidente Fernando Collor de Melo y el mensalão, por ejemplo?

-Parece que existen sectores del Poder Judicial, el Ministerio Público [la Fiscalía] y la Policía Federal que trabajan de modo bastante autónomo en el caso petrolão. Esto es bueno para la democracia brasileña y el fortalecimiento del estado de derecho en el país. La novedad en el caso petrolão es que por primera vez en Brasil (y a diferencia de los casos mensalão y de [Fernando] Collor de Melo) los dirigentes de las empresas que presuntamente sobornaron están bajo investigación y proceso judiciales. Se trata de prácticas que parecen haber existido desde al dictadura, pero sólo ahora se responsabiliza a empresas como OAS, Camargo Correa y Oderbrecht.

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El peso de los medios

La comparación con el caso mensalão fue importante, ya que la justicia intervino con fuerza.

"El caso mensalão fue excepcional porque los medios presionaron con fuerza para que se dictaran condenas, y los miembros del Partido de los Trabajadores (PT) fueron enviados a prisión sin que los políticos de otros partidos sufrieran un destino similar."

Pero hubo otros actos de corrupción, recordó el profesor Pereira, que ponen en entredicho la salvedad de políticos de otras afiliaciones.

"Existen otros casos que involucran a políticos de otros partidos, como el metro [el procesamiento de 33 individuos y el congelamiento de 223 millones de dólares de cinco empresas extranjeras, entre ellas Siemens y Alstom, por acuerdos ilegales para hacer la Línea 5 del metro] en San Pablo que involucró al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el mensalão del partido Demócratas (DEM) en Brasilia y el mensalão del PSDB en Minas Gerais, en los cuales no se ve que se exija un rendimiento de cuentas ante la justicia."

Por eso a este experto —ex profesor de las casas de estudio estadounidenses New School for Social Reaseach, Harvard Univeristy, Tufts University y Tulane University— lo inquieta otra cosa sobre lo que hoy sucede alrededor de Petrobras: la narrativa dominante en la prensa.

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"Hay algo preocupante sobre el actual escándalo de corrupción, el petrolão. Los medios más importantes están cubriendo el escándalo de un modo un tanto desequilibrado. Están poniendo casi exclusivamente la responsabilidad por la corrupción en el PT, a pesar de la prueba de que muchos otros partidos están involucrados."

¿Por qué?

-Parte de los medios y parte de la oposición política parecen no querer simplemente criticar al PT, sino destruirlo. Esta motivación parece estar basada en la percepción de que el PT se quiere perpetuar en el poder indefinidamente. Cualesquiera que sean las razones para tal impulso, es antidemocrático.

Los poderes político y económico: la Justicia y los límites

"La investigación de la malversación de fondos dentro de la compañía petrolera brasileña Petrobras, parcialmente propiedad del Estado, lleva poco más de un año pero ya ha tenido tantos vaivenes como una telenovela brasileña", escribió el director del Instituto sobre Brasil en King's College en un artículo para The Conversation.

"La investigación de la malversación de fondos ha tenido tanto vaivenes como una telenovela brasileña"

El 19 de junio doce ejecutivos de las gigantes Odebrecht y Andrade Gutierrez fueron arrestados por ubicarse en el extremo del pago de la corrupción. Las vueltas del caso, que implica miles de millones de dólares, son tantas que "amenazan con dificultar la forma corrupta en que se financia la política brasileña y hacer trizas la hegemonía del PT y la estructura entera de la economía política brasileña", advirtió.

Si en las elecciones de 2014 diez grandes empresas (entre ellas Obedrecht) donaron sumas enormes de dinero a los miembros de la Cámara Baja, "es improabable que esas mismas firmas hagan donaciones a los candidatos en las elecciones de alcaldes y representantes de los municipios de 2016", escribió.

Con esa perspectiva, ¿es posible investigar a los poderes político y económico en Brasil?

-El estado de derecho, el ideal en el cual las leyes se aplican a todos por igual, con independencia del poder económico de un individuo o su status social, es una utopía. No hay un país en el mundo en el cual realmente este ideal exista. No obstante, algunos países se aproximan al ideal más que otros. Brasil ha progresado hacia el ideal desde la redemocratización. Como he señalado, parte del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía Federal han mostrado autonomía al investigar el caso petrolão. Pero existen límites políticos para lo que pueden conseguir.

¿A qué se refiere?

-Las grandes compañías constructoras son una parte importante de la economía brasileña, parte de una conexión entre lo público y lo privado que es un pilar del Estado brasileño, y muchos actores políticos poderosos, en especial miembros del Congreso, tratarán de asegurarse de que las acusaciones no paralicen este sector.

Los límites, argumentó, se pueden presentar en el Poder Legislativo: "Brasil tiene un Poder Judicial, un Ministerio Público y una Policía Federal fuertes e independientes, pero cualquiera de los casos petrolão que involucren a miembros del Congreso han de llegar al Supremo Tribunal Federal (STF), donde tienen peso las consideraciones políticas y no solamente las jurídicas. Creo que es importante que las decisiones del Supremo Tribunal Federal se vean tan imparciales como resulte posible."

 EFE 163
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La Justicia en Brasil: una rareza en América Latina

Para muchos de los ciudadanos que vivieron las dictaduras del Cono Sur, uno de sus legados trágicos fue el profundo daño que sufrió la Justicia: cuando los tribunales no responden por la vida de una víctima del terrorismo de Estado, la inseguridad jurídica de las transiciones y las democracias, que afecta hasta las inversiones, es sólo una consecuencia lógica. En Argentina está el ejemplo escandaloso del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, a cuyos muertos hubo que agregar en enero de este año el fiscal que investigaba la causa.

Como investigador, el profesor Pereira comparó el papel de las fuerzas armadas y la formación del Estado en Europa Occidental con los de esas instituciones en América Latina, África Sub-Sahariana y el Este de Asia; uno de sus proyectos de investigación más grandes comparó los regímenes militares de Brasil, Chile y Argentina y su tratamiento jurídico de las víctimas de la represión y los disidentes. Su libro Ditadura e Repressão [Dictadura y represión], originalmente publicado en inglés como Political (In)justice: Authoritarianism and the Rule of Law in Brazil, Chile, and Argentina, desarrolló el tema.

¿Cuál ha sido la diferencia en el caso Brasil, que también vivió en dictadura entre 1964 y 1985?

-En Ditadura e Repressão argumento que la dictadura brasileña de 1964-1985 estuvo más 'judicializada', fue más proclive a legalizar su represión, que las dictaduras en Chile (1973-1990) y en Argentina (1976-1983). En parte esto se debe a que los golpistas de 1964 prefirieron no suspender la Constitución de 1946, y en cambio invalidarla selectivamente con actos institucionales, lo cual creó una suerte de legalidad híbrida. Esto permitió que los tribunales tuvieran un margen de maniobra que no se vio en Chile ni en Argentina.

¿Y hoy?

-El actual activismo anti-corrupción de los fiscales y jueces en Brasil se podría ver como un resultado de ese legalismo de la dictadura, pero también habría que reconocer las importantes reformas que se incluyeron en la Constitución de 1988.

Para el impeachment no vale todo

Tanto las encuestas como la presión de la oposición y la marcha muestran que le presidenta Dilma Roussef está un récord histórico de baja aprobación. Eduardo Cunha y otros parlamentarios del PSDB impulsan uno de los numerosos pedidos de juicio político a la sucesora de Inácio Lula da Silva.

¿Cómo interpreta estas acciones?

-Si se fuera a someter a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, sería realmente importante que el impeachment se basara en razones correctas y constitucionales. La falta de popularidad no es una base legítima para la destitución. El impeachment del presidente Collor de Melo en 1992 se basó en pruebas importantes de su corrupción personal. No veo la misma clase de prueba en el caso de Dilma Rousseff. Si Dilma Rousseff fuera destituída por razones triviales, esto implicaría un retroceso en la institucionalización de la democracia y el fortalecimiento del estado de derecho en Brazil.

¿Cuáles serían las consecuencias en el plazo corto y en el más largo?

-El efecto político de la conversación sobre el impeachment consiste en que la oposición apoya un arma simbólica contra la cabeza de la presidenta Dilma Rousseff. Si ella no hace lo que ellos quieren, la oposición puede tirar del gatillo. Esto significa que la situación política es inestable. Esto no contribuye a las perspectivas de una recuperación económica en Brasil.