Para el juez Griesa, los bienes del Estado argentino en el exterior son embargables

El magistrado de Nueva York convalidó una observación de los holdouts contra la Argentina y declaró a "toda propiedad a nombre del país con fines comerciales", excepto bienes diplomáticos y militares

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El magistrado Thomas Griesa deberá comunicar oficialmente el levantamiento de las cautelares para salir del default.   162
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El juez de Nueva York, Thomas Griesa, se pronunció a favor de una observación de los holdouts contra la Argentina, al declarar que "toda propiedad a nombre del país con fines comerciales" quedaría sujeta a embargos.

La orden dictada este miércoles durante una audiencia de tres horas excluye bienes diplomáticos y militares.

"Toda propiedad del Estado argentino será considerada con fines comerciales", sostuvo Griesa al convalidar una observación contra el país.

La convocatoria a la audiencia de este miércoles surgió luego de que el Fondo Aurelius le solicitó al magistrado de Manhattan que verifique la calificación de los títulos Bonar 24 ya que afirmaron tener pruebas de que fueron colocados en el exterior.

En ese caso, los holdouts le requirieron al magistrado que extienda a estos títulos la orden de bloqueo de pago, que mantiene para los bonos con legislación internacional que fueron entregados en los canjes 2005 y 2010.

Los holdouts quieren bloquear los pagos de Bonar 24 en el exterior

La audiencia fue ordenada el 30 de julio por Griesa y los abogados argentinos aportarán las pruebas para demostrar que los Bonar son deuda interna y que no quedan dentro de su jurisdicción.

Los holdouts argumentaron que pueden demostrar que parte de la colocación de esos títulos se hizo en el exterior y que estuvieron involucradas entidades internacionales, sobre las que solicitaron sanciones, lo mismo que a los compradores, por ser "cómplices del desacato".

El lunes, una Cámara de Apelaciones de Nueva York le ordenó a Griesa que revise un fallo que favorecía a los denominados "me too".

En este caso, la Corte le solicitó al juez que discrimine entre acreedores que mantuvieron sus títulos en sus carteras por varios años y aquellos que pudieran haberlos comprado en el mercado secundario en forma especulativa.