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"Ninguna de las medidas acordadas en el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) concluido recientemente en relación con el programa nuclear de Irán afecta o anula el alerta roja emitido por Interpol para el general Vahidi con respecto al atentado de 1994 perpetrado en Argentina", precisaron fuentes del Departamento de Estado norteamericano.

De esta forma, el gobierno de Barack Obama respondió al pedido que hizo llegar el canciller Héctor Timerman al secretario de Estado norteamericano, John Kerry, y a la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, para saber si los acuerdos nucleares firmados con Irán podrían beneficiar a uno de los acusados por el atentado a la AMIA.

"Las sanciones impuestas en los Estados Unidos contra Vahidi, los cuerpos de Guardia Revolucionaria de Irán y sus oficiales continuarán vigentes debido a que fueron aplicadas por razones ajenas al alcance del Plan de Acción Integral Conjunto", puntualizaron las fuentes estadounidenses.

Y aclararon que "las sanciones secundarias impuestas por los Estados Unidos seguirán vigentes, lo cual implica que los bancos y empresas del extranjero podrían ser pasibles de sufrir sanciones si participan de transacciones con los mencionados individuos".

Con respecto a la supuesta exclusión del general Vahidi de la lista de sanciones de la Unión Europea en el marco del JCPOA, las mismas fuentes plantearon que se acordó "levantar las sanciones contra los individuos incluidos en listados de las autoridades del ámbito nuclear".

"En ese caso, tenemos entendido que no se levantarían las sanciones contra el general Vahidi por el término de 8 años", advirtieron los voceros de la administración estadounidense.

Por último, señalaron que siguen "instando a la comunidad internacional y a las autoridades de Argentina a arbitrar todos los medios necesarios para que los perpetradores del atentado contra la AMIA rindan cuentas por dicha atrocidad".

Vahidi es uno de los cinco ex funcionarios iraníes que figuran con pedido de captura en Interpol, por una solicitud argentina contra nueve persas acusados de ser autores intelectuales del atentado contra la AMIA.