El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) puso en duda la seguridad de las cunas y bolsas de dormir que incluye el programa 162
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) puso en duda la seguridad de las cunas y bolsas de dormir que incluye el programa 162

El predio de Tecnópolis fue la sede de la cadena nacional número 29 de Cristina Kirchner en lo que va del año, donde, entre otras cuestiones, presentó en sociedad el plan "Qunita" que beneficiará a 150.000 familias. A ellas se les entregará un kit que incluye una cuna de madera, indumentaria para el recién nacido, portabebé, bolso materno y cambiador y otros elementos "de uso cotidiano" para la madre y el bebé, como chupete y sonajero.


Sin embargo, la licitación por la que seis empresas se quedaron con ese negocio es al menos materia de investigación, teniendo en cuenta la denuncia presentada por la legisladora porteña Graciela Ocaña. En la presentación, se refiere a "la posibilidad de que se haya ejecutado algún delito contra el patrimonio del Estado Nacional, y/o contra la Administración Pública, durante el desarrollo de la licitación pública 04/2015 que llevó adelante el Ministerio de Salud de la Nación, destinada a la compra de 'kits para recién nacidos'".


La base sobre la que se sostiene la acusación respecto de la forma en que las empresas resultaron adjudicatarias en el negocio de 1100 millones de pesos es una investigación realizada por el sitio especializado Eliminando Variables, de José M. Stella e Ignacio Montes de Oca.


"Por motivos que será necesario indagar, quienes recibieron la bendición de ser ganadoras y adjudicatarias de la licitación, habrían sido 6 empresas que curiosamente, obtuvieron contratos por casi $1100.000.000, cuando: a) sus objetos sociales estarían muy lejos de la elaboración de cunitas de madera, escarpines, chupetes, sonajeros o pantalones tipo 'osito' (elementos que integran el kit); b) una de ellas, 'Fasano SRL', habría presentado a principios de 2015 un balance ante el ente que registra a los proveedores del Estado, correspondiente al año 2013, del cual surgirían ventas por unos módicos $6000, y un pasivo corriente de tres millones y medio de pesos", reza la denuncia.