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Emilio Enrique Cotter, citado como de origen argentino y representante de la firma uruguaya DFS, fue condenado a 10 años de cárcel. El resto de los implicados son cubanos: Pedro Santa Cruz (13 años), Reinaldo Mederos (10 años), Jorge Shuman y Joel Pumariega (2 años), mientras que Rafael Arias fue sentenciado a 5 años de trabajo correccional.

El fallo precisó que los funcionarios cubanos envueltos en el suceso, que data de mediados de 2009, enfrentaron cargos por los delitos de cohecho, incumplimiento de obligaciones en entidades económicas, abuso en el ejercicio del cargo y falsificación de documentos privados.

El informe judicial sostiene que el argentino Cotter "se aseguró de encontrar en uno de los especialistas de la empresa comercial Cubapetróleo (Cupet) la vía que facilitara la concertación de contratos entre DFS y empresas cubanas".

El oficial de la Seguridad del Estado cubano Eduardo Pérez dijo en el reportaje que "la mentalidad corrupta" de Emilio Cotter lo llevó a "sobornar" a dos especialistas del Centro de Investigaciones de la Industria Química cubana para que hicieran un "peritaje falso".

Pero también manifestó que existen algunos indicios alrededor de la conducta de Cotter por los que las autoridades sospechan que "realmente ese no era el fin", sino que el objetivo podía ser "dañar la economía cubana", pues no tuvo forma de justificar "de dónde salían los fondos con los repartía el dinero a los funcionarios cubanos ni el domicilio legal de la firma DFS en Uruguay".

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Explicó que durante las investigaciones se conoció que había "entregas sistemáticas" de sumas de dinero e incluso funcionarios que recibían alrededor de 600 CUC (pesos convertibles cubanos equivalentes a dólares) mensuales.

Fuente: América Tevé


De acuerdo con las fuentes, uno de los funcionarios, el comprador de la empresa Cubapetróleo (Cupet) "benefició a la firma DFS por los regalos que su representante en Cuba le suministraba" y por esa causa "se produjeron 33 violaciones en el proceso de contratación".

En la causa, el director de perforación y extracción de la empresa de Petróleo de Occidente de la isla fue sancionado penalmente por "no controlar las actividades de las zonas productoras".

Entre los sentenciados se encuentran el jefe de terminación y reparación de pozos y el supervisor principal de la compañía cubana.