Nicolás Stulberg 162
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Sólo hay que detenerse un par de minutos en la esquina de Santa Fe y Juan B. Justo (o en otra cualquiera de la Ciudad) para comprobar que no hay ápice de exageración. La luz amarilla del semáforo advierte (durante tres segundos) que el verde está por mutar a rojo, pero la mayoría de los conductores de colectivos pisa el acelerador. No hay señal lumínica capaz de ponerle freno a un acto reflejo cargado de irreflexión que puede provocar una tragedia. Es una ruleta rusa diaria en cada calle de Buenos Aires.

La problemática no es nueva. La directora de Investigaciones y Educación Vial de Luchemos por la Vida, María Cristina Isoba, comentó en diálogo con Infobae que este tipo de comportamiento motivó numerosos análisis de tránsito y arrojó resultados inquietantes: "La mayoría de los choferes profesionales no respeta las normas básicas. En un mes llegamos a medir (a nivel nacional) 12 millones de infracciones por violar la luz roja. Y todo sigue igual".

Cruzar un semáforo en rojo puede costar entre $1920 y $9600 (según la categoría del infractor), pero eso poco parece importarles a los conductores del transporte público: la ausencia de agentes de tránsito y los acuerdos extraoficiales que realizan muchas empresas con las autoridades vuelven una utopía el control efectivo de la seguridad vial.

"Sabemos que se labran menos multas para evitar la bancarrota del servicio público. Pero esto no es viable en la medida que provoca muertes. Si no, tenemos que pensar que el dinero de los empresarios vale más que la vida de la gente", se quejó Isoba, que sostuvo su acusación con estadísticas que reflejan una drástica reducción en la cantidad de infracciones labradas entre 2007 y 2013.

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Para Fabián Pons, representante del Observatorio Vial Latinoamericano, los choferes de colectivos conducen con omnipotencia porque se mueven "en un vehículo muy grande y saben que pueden actuar con impunidad" debido a que "las empresas de transporte de pasajeros no pagan las multas que reciben", ya que son beneficiadas con la reducción de los montos a pagar o directamente con la condonación de la deuda.

"Cruzar un semáforo en rojo es algo que no debería ser tolerado a nadie, y mucho menos a un conductor profesional. Creo que hay problema de valores, de no detenerse a pensar un segundo qué consecuencias podría traería el hecho de no respetar la luz y generar un siniestro vial", evaluó en declaraciones a Infobae.

Para conseguir una prueba concreta de la conducta temeraria que muestran muchos automovilistas, el martes pasado un cronista de Infobae registró durante un par de horas lo que sucedió en cinco esquinas del distrito porteño: Santa Fe y Juan B Justo; Luis María Campos y Maure; Federico Lacroze y Luis María Campos; Federico Lacroze y Cabildo; y Santa Fe y Jorge Luis Borges. En todas las intersecciones se repitió una y otra vez la infracción que motivó esta nota.

La disminución de los controles va a contramano de las políticas que han desarrollado países modelo en la materia y que Naciones Unidas recomienda para reducir sustancialmente las cifras de muertos y heridos en el tránsito. La conclusión es que sin controles eficaces y sanciones efectivas no habrá seguridad vial.

"El sistema de observación y sanción en la Argentina es muy ineficiente", lamentó Pons, que sumó un dato preocupante: "Observamos que en la autoridad en general están los primeros infractores". Por eso instó a "trabajar en la raíz del problema, en la concientización. Tenemos que empezar a ser educados y respetar la vida del prójimo".

Según estadísticas oficiales que difunde la organización Luchemos por la Vida, entre 1992 y 2014 los accidentes de tránsito provocaron la muerte de 175.050 personas en la Argentina. Lejos de mejorar, cada año la estadística arroja números preocupantes.