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Los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en la región de Iguala presuntamente a manos de una banda de narcotraficantes decidieron montar, en la capital mexicana, una particular escultura.
A diferencia de otros monumentos, este gran signo + seguido del número 43 en metal color rojo no es motivo de orgullo nacional, ni ha sido colocado por el gobierno de Peña Nieto.
El "antimonumento", como lo llaman los familiares, fue colocado el pasado domingo después de una manifestación.
"Es una transgreción y un reclamo al Estado, que quiere olvidar"
"Es una transgreción y un reclamo al Estado, que quiere olvidar", dice un comunicado emitido por los familiares de las víctimas. En las redes sociales, no han sido pocos los que se preguntaron
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Por el momento, y ante la duda, los activistas se turnan para hacer guardia junto a la estatua, informó hoy un artículo del diario El País.
El cruce en el que han colocado el +43 es uno de los puntos en los que se concentran diferentes expresiones del poder mexicano. Una sede de Hacienda, una del Ministerio de Cultura, una del banco Banamex, la sede del periódico El Universal y el edificio art decó de la Lotería Nacional convierten la conocida como "esquina de la información" en una zona importante.
Este domingo se cumplieron siete meses desde la desparición de los estudiantes, mientras los padres siguen peleando para ejercer presión sobre el Gobierno para que siga trabajando en la búsqueda.
Los familiares de los jóvenes que se formaban para ser maestros rurales siguen sin creer en la investigación oficial de la Fiscalía, que concluyó que los estudiante fueron entregados por la policía de Iguala a narcotraficantes y que estos los incineraron en un basurero cercano y arrojaron las cenizas a un río.
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Los sicarios del cártel Guerreros Unidos habrían masacrado a los estudiantes por pensar que entre ellos había infiltrados de un grupo rival, sostuvo la Fiscalía. El entonces fiscal general, Jesús Murillo Karam, aseguró que ésta era la "verdad histórica" del crimen, sustentada en los testimonios del centenar de detenidos y pruebas recogidas en el terreno.
No obstante, sólo se ha podido determinar científicamente la muerte de
consideraron precipitadas las conclusiones del fiscal. Los padres acusan al Gobierno, con el que han roto el diálogo, de querer dar carpetazo al caso e intentar que quede en el olvido.