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Días atrás, el fiscal de instrucción Marcelo Solimine dio por terminada su tarea. Cerró su investigación, contó las pruebas y requirió la elevación a juicio de los siete colombianos acusados de uno de los episodios de inseguridad más confusos y peculiares de los últimos tiempos: el extraño ataque al fiscal federal Carlos Stornelli. Ocurrió el 27 de octubre del año pasado, al mediodía, un raid que comenzó en la avenida Figueroa Alcorta y terminó en la autopista Illia.

Stornelli viajaba en su auto, un Volkswagen Passat, con miembros de su custodia oficial detrás en un Fiat Siena. Según testimonios, los colombianos acusados y cinco supuestos cómplices se desplazaron en tres motos tipo enduro similares a las Honda XR250 y en tres autos, un Volkswagen Bora, un Citröen C4 y un Nissan Tiida. La custodia se alarmó rápidamente al ver maniobras extrañas. Uno de ellos dio la voz de alto. Hubo fuego de parte de la custodia: la puerta delantera del lado del pasajero del Tiida, que fue abandonado con el motor en marcha y las llaves puestas por sus ocupantes, presentó un impacto de bala. Tras una persecución, siete colombianos terminaron encapuchados en el piso frente a efectivos de la PFA. Los cinco cómplices, estima la Justicia, se dieron a la fuga para no ser identificados hasta el día de hoy.

Solimine establece en su elevación a juicio que los colombianos "intentaron sustraer mediante el empleo de al menos dos armas de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada" los elementos de valor de Stornelli. Un custodio declaró, por ejemplo, que del Tiida vio cómo "descendía un sujeto del lado delantero derecho, el cual luego se subió como acompañante en la moto y se colocó un gorro de lana negro". Pero ningún arma se les encontró a los detenidos; apenas se encontraron dos punzones en los autos del hecho. Según testimonios de testigos, las tenían los cinco que huyeron.

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Solimine también afirmó en su documento que los relatos de los imputados "no resultan consistentes al enfrentarlos con los distintos elementos colectados". "Robo agravado por el empleo de arma en grado de tentativa", reza la calificación legal. Así, John Brandon Castillo, David Silva Gualteros, Oscar Martínez Monroy, Jefferson Rojas, Jesús Silva Moyano, Frank Miranda Reyes y Carlos Bernal Valenzuela, que esperan en los penales de Ezeiza y Marcos Paz, enfrentarán el juicio oral y público.

Hubo algo atípico en este caso, extraño. Stornelli en su testimonial en la causa incluso declaró en la causa que él "no era el objetivo" del hecho. La falta de comprobación del uso de armas en los acusados es un punto. Lo mismo en los autos que se movían, todos de alta gama y sin pedido de captura. Varios tenían antecedentes penales, en mayor o menor grado. Valenzuela había sido condenado a 22 años por homicidio en Venezuela, consignaron diversos medios al momento del caso. David Silva cayó preso por robo en la vía pública. Jefferson Rojas había aceptado en Argentina un juicio abreviado por arrebatar un maletín de un auto, aunque su familia lo ayudaba de vez en cuando con dinero desde Colombia.

Así, el grupo de los siete tiene una composición por lo menos diversa, de distintas edades y perfiles. Todos ellos son oriundos de Bogotá. John Brandon Castillo tiene 21 años, Martínez Monroy, 44. Miranda Reyes había llegado al país 15 días antes de ser detenido, otros más de cuatro años. La gran mayoría de sus testimonios coincide en que salieron a dar vueltas en los autos del hecho "para fumarse un porro y comerse una bondiola en Costanera", que se encontraron por mera casualidad, se pasaron los porros de auto a auto por la ventanilla y terminaron sorprendidos por la Policía a punta de pistola sin saber por qué. "No son los típicos ex narcos o paramilitares", relataba una fuente de la investigación al comienzo del caso.

Ramiro Rúa es el abogado defensor de cuatro los siete. Todos sus pedidos de excarcelación fueron sistemáticamente rechazados. En el caso de Martínez Monroy, el tribunal adujo que su liberación implicaba "una posibilidad cierta de entorpecer la investigación" y que "se podría dificultar la individualización de los posibles consortes". Hoy, afirma que no hay nada con qué sostener la acusación: "Esto es un hecho politico", afirma a Infobae.

Sergio Berni era el principal blanco de las críticas del abogado en octubre del año pasado. Al momento de explotar el caso, Berni lanzó: "Miren cómo empezamos la semana, con siete colombianos detenidos". Los términos de sus declaraciones se endurecían con el correr de los días. El secretario de Seguridad, en plena reforma del Código Procesal Penal, hablaba en favor de la deportación de extranjeros que cometieran ilícitos en el país, un punto al menos urticante. Fuentes de los organismos de seguridad aseguraron en ese momento a la revista Noticias que 1200 colombianos operaban a fin del año pasado en el país divididos en diversas bandas y con varios modus operandi delictivos.