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El ex presidente de España Felipe González criticó el papel de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para reducir la tensión entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición en Venezuela. "Sé los esfuerzos que se hacen desde la Unasur, ahora bien, son francamente insuficientes", dijo a la emisora colombiana W Radio.

Aclaró, no obstante, que no pretende "sustituir ninguna institución" y valoró la intención de lograr un "diálogo abierto para solucionar problemas". "¿Las instituciones están intentado que haya clima de diálogo? Sí, lo están intentando. ¿Están teniendo eficacia hasta el momento? Hasta el momento, no", declaró.

El ex jefe del Gobierno español, que ocupó el cargo entre 1982 y 1996, defenderá al líder opositor Leopoldo López y al alcalde metropolitano Antonio Ledezma, ambos presos en la cárcel de Ramo Verde. Lo hará con el ex presidente brasileño Fernando Henrique Cardoso y el parlamentario canadiense Irwin Cotler, ex abogado de Nelson Mandela.

González reconoció que su objetivo podría entorpecerse si se le niega la entrada al país, algo que no cree que se produzca pero que no descarta, después de que diputados chavistas lo acusaran de "injerencia" y de que la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, afirmara que "no tiene facultades" para ejercer allí la abogacía. "Si me prohíben la entrada a Venezuela, deben hacerlo formalmente", subrayó.

"Si me prohíben la entrada a Venezuela, deben hacerlo formalmente"

El ex mandatario explicó que para la defensa de López y Ledezma se están "utilizando las leyes venezolanas", por lo que la estrategia legal se basa en la "institucionalidad" y negó que integre parte de un eje "antivenezolano" conformado por Madrid, Bogotá y Miami, tal y como afirma Maduro. "Mi objetivo inmediato es que los presos políticos estén en la calle", aseguró.

Por último, González dijo que la crisis de Venezuela le preocupa "desde hace mucho tiempo", pero que han sido los recientes problemas económicos del país suramericano y la política económica del régimen, que "está llevando a la ruina" a la nación, los detonantes de su participación.

Recordó que "en Venezuela no es un delito la revolución política" y que "vulnerar el derecho a la defensa es uno de los problemas más grandes en los que puede caer un país", en alusión a la situación denunciada por los opositores. "Nadie puede tener la tentación de enfrentar las elecciones enviando a los adversarios a la cárcel", aseveró.