Cómo funcionan los laboratorios de cocaína en plena Ciudad de Buenos Aires

"El papa Francisco tenía razón cuando llamó a evitar la mexicanización del país", se atajó el legislador porteño Gustavo Vera a poco de iniciada la conferencia de prensa en la que el ex asesor del Ministerio de Seguridad Jorge Rodríguez denunció la existencia de un territorio liberado en la Villa 1-11-14, en el Bajo Flores, donde hay 10 laboratorios en los que se produce clorhidrato de cocaína de máxima pureza. La estructura es manejada desde su prisión domiciliaria Marco Estrada González. Y la zona es custodiada por 300 "soldados" armados con FAL, AK 42, AK 47, Uzi y mini Uzi. Todo ello, a 80 cuadras de la Casa Rosada.

"En Argentina se fabrica cocaína desde hace 10 años. Tenemos una de las organizaciones criminales más importantes de Latinoamérica, que es la organización 'Estrada González', que está presidida por Marco Estrada González, alias 'Marcos, el gordo', secundado por su mujer Silvina y su suegra Doña Lily", comenzó Rodríguez.

Su historia fue el eje de la conferencia. Más precisamente, el fruto de su trabajo y la inacción judicial y política. A Rodríguez lo contrató en los primeros meses de 2011 la ex ministra de Seguridad Nilda Garré para trabajar como asesor. Con ella compartía el pasado militante, aunque en distintas veredas: ella en Montoneros, él en el PRT-ERP. "Le creí, pero me desilusionó", confesó. La actual embajadora argentina ante la OEA le encargó que investigara la corrupción policial y la penetración del narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires. Realizó 235 informes. Pero sintió que "nadie hizo nada". Y cuando lo echaron, en agosto de 2013, presentó su trabajo ante el juez Sebastián Ramos.

"A pesar de que ha tomado estado judicial, la causa está empantanada y por eso decidimos hacer esta conferencia", explicó Vera. "No queremos que Rodríguez termine flotando en el Río de la Plata", remató.

El titular de la Fundación La Alameda explicó que la banda de Estrada González controla quince manzanas de la Villa 1-11-14, donde tiene una banda de 50 sicarios dispuestos a hacer sufrir a sus víctimas por entre 5 mil y 7 mil pesos. "Hay un territorio liberado, que es algo peor que una zona liberada: es un Estado paralelo, con sus propias reglas y fuerzas armadas. Hay no menos de 300 personas armadas, la gran mayoría de ciudadanía peruana, ex militares y ex policías expulsados de las fuerzas de seguridad de su país por corrupción y que se han agrupado con ex miembros de la organización terrorista Sendero Luminoso".

"Marcos sigue dirigiendo la banda desde su casa en un country de Ezeiza. Cuando estaba en Devoto, se le allanó el calabozo y tenía 12 teléfonos celulares, incluido un teléfono satelital, uno de los dos que había en el país", continuó Rodríguez.

El ex asesor contó tres anécdotas con las que intentó graficar la "inacción" del Ministerio de Seguridad frente a sus más de 300 informes, en los que explica, por ejemplo, que las cocinas de cocaína "se parecen más bien a un laboratorio de Bagó o Roemmers".

Uno: "En mi anteúltimo viaje a Lima detecté las agencias de empleo en las que contrataban gente, dónde tenían las financieras en las que lavaban el dinero, dónde contrataban a los soldados, la mayoría ex miembros del Ejército, la Marina y la Policía. Se lo informé por escrito a Garré, pero no hizo absolutamente nada. Tampoco (la ex secretaria de Seguridad y actual fiscal) Cristina Caamaño".

Dos: "Otra vez, le avisé a Garré al mediodía que a la noche iba a haber un cumpleaños de un narco peruano, con más de 200 invitados, entre ellos, ex senderistas y muchas transexuales peruanas, que son las grandes vendedoras en los barrio de Once, Liniers, Flores y Constitución. Pero no pudo conseguir una orden para allanar el lugar, que estaba identificado, ni un equipo fotográfico o una filmadora para reconocer las caras".

Tres: "Hay cinco empresas que hacen por tierra el circuito Buenos Aires-Lima. Yo descubrí la forma en que los narcos sacaban el dinero en dobles fondos y le pedí a Garré y Caamaño que compren un escáner para controlar todos los bolsos, pero me dijeron que era muy caro".

Rodríguez también explicó cómo funciona la ruta por la que ingresa la materia prima al país, que luego es procesada en el Bajo Flores. "La pasta base viene tanto de Bolivia como de Perú. Es la hoja de coca extraída de la planta, que tiene entre 6 y 8 horas para recibir la primera pisada, que se hace con distintos procesos químicos. El resultado de eso es lo que llega acá. Luego, en una segunda fase, se convierte en una pasta más refinada de cocaína y después de seis, siete procesos industriales químicos, arroja el clorhidrato de cocaína". El remate de la explicación fue una afirmación que sorprendió a más de uno: "Tenemos una de las cocaínas más puras del mundo. Yo compré un papel y me dio un índice de pureza en el laboratorio del 93%".

"Marcos paga 20 millones de pesos por mes de coimas"

Sobre la pata comercial de la organización, Rodríguez detalló que cada una de las diez cocinas de la Villa 1-11-14 puede producir hasta 10 kilos de cocaína por día, que tienen un valor en el mercado negro de 12 mil dólares por kilo.

"En Perú nos dijeron que Marcos paga 20 millones de pesos por mes de coimas. A mí me pareció mucho, pero haciendo cuentas vi que sus laboratorios pueden generar 1.200.000 dólares al día", admitió.

¿Cómo se lava ese dinero? Cuando Marcos instaló las primeras cocinas de cocaína en Buenos Aires se volcó al rubro textil para "legalizar" sus ganancias, primero asociándose con comerciantes coreanos y luego creando sus propias marcas. Pero el volumen de dinero creció. Rodríguez sospecha que la mayoría sale del país a través del aeropuerto de Ezeiza y con la complicidad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la ex Secretaría de Inteligencia.

Los informes de Rodríguez –hoy asesor de seguridad en la Legislatura– no sólo llegaron a las manos del juez Ramos, sino que el denunciante envió también copias a la Casa Rosada, la Corte Suprema y la Procuvin, el área del Ministerio Público especializada en cárceles.

Su denuncia incluye a las cúpulas de las cuatro fuerzas de seguridad ("todas son cómplices"), numerosos comisarios y varios ex y actuales funcionarios de la cartera de Seguridad, además a Garré y la fiscal Caamaño: Ricardo Dios (ex director de Articulación y Enlace con los Poderes Judiciales, hoy conjuez de la Cámara Federal), Natalia Federman (directora de Derechos Humanos y sobrina del periodista Horacio Verbistky), Miguel Robles (ex subsecretario de Delitos Complejos) y Gustavo Palmieri (ex subsecretario de Gestión de Seguridad).

En la conferencia también participaron los sindicalistas Leonardo Fabre y Julio Piumato, y contó con el apoyo del camionero Pablo Moyano.

Vera anticipó que junto a la organización "Contadores forenses" están preparando un informe sobre la masa de dinero de los narcos y su lavado.

El legislador también adelantó que impulsarán el tema ante el Consejo de la Magistratura para que se ventilen las eventuales responsabilidad del juez Sebastián Ramos. "Lo único que hizo es ponerle una custodia a Rodríguez, que más que custodia, parece un servicio de inteligencia", lanzó.

Para no estigmatizar, dos aclaraciones de rigor en palabras de Vera. Primero: "El 90% de los ciudadanos de la Villa 1-11-14 trabajan y están aterrorizados por esta banda". Segundo: "El narcotráfico no sólo se manifiesta en asentamientos. De hecho, hay una denuncia nuestra de 100 puntos de venta narco en barrios de clase media y media alta, como Recoleta, Almagro o Caballito". La droga afecta a la sociedad de manera transversal. Pero la complicidad siempre es la misma: política y policial.