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Anticipándose a lo que podía ser un nuevo rebrote de las manifestaciones callejeras contra su gobierno, Nicolás Maduro decidió, hace poco menos de un mes, endurecer la represión contra los opositores habilitando el uso de armas de fuego.
Hoy, la disposición se cobró la primera víctima: Kluiberth Roa, un niño de 14 años, murió de un disparo en la cabeza durante la represión policial a una marcha opositora en Táchira.
La resolución 008610 del Ministerio de Defensa venezolano fue publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero de 2015 y habilitó el "uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal", como último recurso, para "evitar los desórdenes, apoyar la autoridad legítimamente constituida y rechazar toda agresión, enfrentándola de inmediato y con los medios necesarios".
La disposición fue firmada por el general en jefe Vladimir Padrino López y no distingue entre manifestaciones pacíficas y violentas, más allá de definir escuetamente la violencia mortal como la "creación de una situación de riesgo mortal".
Las críticas dentro y fuera del país no tardaron en llegar. Varios especialistas denunciaron entonces que las nuevas normas menoscababan las garantías del artículo 68 de la Constitución, que señala que "se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público".
Además, con la medida se desconocen los estándares internacionales, entre ellos, el establecido en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos elaborado por la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos en 2009.
"Los venezolanos tienen buenas razones para temer la intervención de los militares"
Human Rights Watch (HRW) fue una de las organizaciones que en su momento cuestionó la decisión: "Los venezolanos tienen buenas razones para temer que la intervención de los militares, que están entrenados para situaciones de guerra y no para controlar el orden público, sólo agrave la situación", expresó entonces su director, José Miguel Vivanco.
"Emplear las fuerzas militares para controlar protestas públicas es una muy mala idea, especialmente en un país donde ya hay antecedentes de que miembros de las fuerzas de seguridad han cometido impunemente abusos aberrantes contra manifestantes que no actuaban de manera violenta", agregó Vivanco.