Otro fallo judicial dio vía libre al voto electrónico en la Ciudad

El Juzgado Contencioso Administrativo N° 11 rechazó un amparo que había presentado Smartmatic, la empresa que perdió la licitación. El día estuvo cargado de rumores sobre la posibilidad de que no avance el nuevo sistema para los comicios porteños

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El Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario porteño N° 11, a cargo de la jueza Ana Paola Cabezas Cescato, rechazó el jueves un amparo interpuesto por Smartmatic International Holding BV Sucursal Argentina contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la licitación para la implementación de la boleta única y voto electrónico. Según la compañía holandesa, la licitación N°2-SIGAF-2015 estaba dirigida a un oferente particular y la contratación se apartaba de los términos establecidos por el Régimen Normativo de Boleta Única y Tecnologías Electrónicas.


La jueza consideró que el Gobierno de la Ciudad "pareciera haber obrado dentro de las posibilidades que el marco normativo le permitía, sin que se vislumbren la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta alegadas" por Smartmatic, por lo que rechazó "in limine" el amparo intentado.


La compañía holandesa presentó el amparo tras perder la licitación para la implementación del voto electrónico ante el Grupo MSA SA, una empresa argentina, por considerar que el pliego y el proceso estaba hecho a la medida de su competidor.


Por ejemplo, alegaba que MSA no contaba con los equipos que había ofrecido, hecho que la jueza consideró que no había probado, además de señalar que "resulta menos verosímil" el compromiso de Smartmatic de traer al país en 24 horas aquellos equipos de su propiedad que se encontraban en Panamá, Venezuela y Taiwán.


En enero, el Tribunal Superior de Justicia porteño había rechazado las objeciones que planteó la UCR contra la modificación del régimen de boleta única y voto electrónico, pero se reservó el derecho de controlar el sistema.


Según supo Infobae, aunque la modificación del sistema recibió un nuevo espaldarazo judicial, varias ONG y partidos políticos siguen insistiendo en que la premura por implementar el sistema podría llevarlo a su fracaso, por lo que aún no está dicha la última palabra. De las conversaciones también participa la Defensoría del Pueblo porteña.