:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/OW3BOU7XQZBEXCSPQC4SFTQTBU 420w)
:quality(85)/arc-anglerfish-arc2-prod-infobae.s3.amazonaws.com/public/L4O6ZBZNUVCNPE7QAKJ73HNVUI 420w)
Finalmente el juez federal Ariel Lijo envió a sorteo la denuncia que había realizado Alberto Nisman durante la feria judicial de enero. Se trata del dictamen en el que el fiscal de la UFI-AMIA señalaba a la Presidente y a varios miembros de su Gobierno por una presunta maniobra para desviar las acusaciones contra Irán por la voladura de la mutual judía.
La suerte deparó que el expediente quedase radicado en el juzgado de Daniel Rafecas, el primer magistrado que investigó a Amado Boudou en el caso Ciccone. Cosas del destino: esa pesquisa hoy está en manos de Lijo.
Fuentes judiciales explicaron a Infobae que Rafecas ahora tiene la posibilidad de rechazar su competencia. Si esto ocurriese, será la Cámara Federal la que determine quién será el magistrado que analice si Cristina Kirchner, el canciller Héctor Timerman y el piquetero Luis D'Elía, entre otros, conformaron una "confabulación criminal" para encubrir la presunta responsabilidad de Irán en la voladura de la mutual judía.
Idas y vueltas
Nisman realizó la denuncia ante el juzgado de Lijo. Como el magistrado estaba de vacaciones, intervino la jueza de feria, María Servini de Cubría, quien entendió que no había motivos para adelantar la pesquisa y dispuso prorrogar su tratamiento hasta el 1° de febrero, cuando Lijo debía retomar sus funciones.
Tras la muerte de Nisman, Lijo cortó sus vacaciones y ordenó medidas para proteger los elementos de prueba aportados por el fiscal del caso AMIA. Este lunes, en el inicio formal del año judicial 2015, el magistrado rechazó la competencia y envió el expediente a la Cámara para que realice un sorteo.
Nisman había defendido su decisión de presentar el dictamen ante Lijo porque es el juez que entiende en el primer caso de encubrimiento, que este año llegará a la etapa oral y tiene entre los imputados a Carlos Menem. Rodolfo Canicoba Corral, que está al frente de la causa principal por el atentado, había criticado este camino procesal. La Cámara federal tendrá la última palabra.