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"El año entrante debe ser el año de la paz porque, si no lo es, me parece que de ahí en adelante sería difícil mantener el proceso indefinidamente", sostuvo Juan Manuel Santos en entrevista con el diario El Tiempo.

El mandatario consideró que las negociaciones con la narcoguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) atraviesan un "momento crucial", dado que se discuten dos de los asuntos más álgidos: la reparación a las víctimas del conflicto y la desmovilización de los guerrilleros y la entrega de sus armas.

Santos insistió también en "ampliar los delitos conexos a los delitos políticos para hacer viable la paz", un anuncio que adelantó al principio de la semana el jefe negociador del gobierno, Humberto de La Calle, y que levantó ampolla entre los sectores de oposición.

Aunque el presidente no quiso referirse a qué violaciones serían ligadas a los delitos políticos, los opositores a la iniciativa, como el procurador Alejandro Ordoñez, han explicado que se tratarían de actos penales, como el secuestro y el narcotráfico.

La medida facilitaría que guerrilleros condenados por estas acciones puedan presentarse a cargos de elección popular.

En Colombia se reconocen como delitos políticos conexos los de rebelión, sedición y asonada.

El gobierno de Santos negocia la terminación del conflicto de medio siglo con las FARC, desde noviembre de 2012 en La Habana. A la fecha, han alcanzado acuerdos parciales en asuntos agrarios, participación política y lucha contra el narcotráfico.