En una audiencia oral y pública celebrada anteayer, Suárez impugnó ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán el procesamiento que en mayo le dictó el juez federal santiagueño Guillermo Molinari. Y el periodista se anotó una victoria cuando el fiscal Antonio Gustavo Gómez adhirió a sus argumentos y pidió su sobreseimiento por ausencia de delito.

El abogado defensor Hugo Frola observó que a Suárez, director del diario digital Última Hora, se lo persigue por "el ejercicio de un derecho constitucional", habló de "causa dibujada" y consideró que su situación es "lisa y llanamente un disparate".

A su turno, el fiscal enumeró una larga serie de irregularidades que halló en el expediente, y sentenció: "Tiene todo el cariz de una persecución política". Además, dio un paso más y pidió que en paralelo se investigue si en la etapa de instrucción hubo abuso de autoridad y prevaricato, entre otros delitos.

Ahora el tribunal deberá expedirse sobre el pedido del fiscal y de los abogados defensores, que también fue respaldado por organizaciones que defienden el periodismo y la libertad de expresión, y por legisladores nacionales de la oposición.

Matar al mensajero

"Me queda como aprendizaje que cuando la política quiere, puede ir sobre cualquier persona o medio de comunicación que se le ponga al frente. Cuando un gobierno quiere matar al mensajero, por lo menos lo intenta. Y Dios quiso que en esta ocasión no le haya salido bien", advirtió Suárez en una entrevista con InfobaeTV.

"Lo que quedan son las heridas abiertas, psicológicas sobre todo, y la sensación de desprotección en estos feudos donde todo vale para el que tiene el bastón del poder", insistió. Aunque aclaró: "Pese a todo, no voy a aflojar ni cambiar la dirección de la letra".

El caso

Suárez fue detenido el 9 diciembre de 2013 por la Policía de Santiago del Estero y acusado de "instigación a cometer delito de sedición". ¿Por qué? Por filmar la protesta por mejores salariales de la policía provincial que se repitió en todo el país y que terminó con saqueos. El periodista estuvo 10 días apresado junto a delincuentes comunes y en pésimas condiciones.

El caso terminó en la Justicia Federal, que si bien ordenó su liberación, solicitó que sea juzgado por una figura incorporada al Código Penal a través de la controvertida Ley Antiterrorista: "incitación a la violencia colectiva, agravado por la finalidad de aterrorizar a la población".

El magistrado se basó en una polémica pericia al teléfono celular de Suárez que no se hizo sobre el aparato sino en base a una supuesta copia de su contenido obtenida a través de tareas de inteligencia. Al periodista también le secuestraron un teléfono de un modelo distinto al que recibió la policía. En él estaban los contactos de sus fuentes, quizás el verdadero motivo del expediente. Al menos eso pidió el fiscal que se investigue.