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A pesar de estar separados por menos de 100 kilómetros, Cuba y Haití son los dos extremos de América Latina y el Caribe en términos de población carcelaria.

Con 510 personas encerradas cada 100.000 habitantes, la isla gobernada por Raúl Castro es con mucha ventaja la de mayor proporción de presos en la región, según estadísticas del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD).

En cambio, una tasa de apenas 96 presos ubica a Haití en el último lugar entre los 27 países con información disponible.

La enorme cantidad de individuos privados de su libertad en Cuba pareciera indicar que se trata de un país con altos niveles de criminalidad. Sin embargo, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), tiene apenas 4,2 homicidios cada 100.000 habitantes, y en la región tiene únicamente a Chile por debajo.

Haití no está entre los países más peligrosos, pero los 10,2 asesinatos cada 100.000 habitantes que padece por año son una tasa por demás elevada.

Ambas casos son sintomáticos, ya que no hay relación entre el número de crímenes y la cantidad de personas en la cárcel. Aunque padecen enfermedades diferentes.

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En Cuba se pone de manifiesto la presencia de un Estado ultra represivo, que no sólo encarcela delincuentes, sino a cualquiera que sea considerado peligroso para las autoridades. En cambio, en Haití reina la anomia, porque las instituciones estatales no son capaces de poner límites a las conductas delictivas, ni de aislar a aquellos que no están en condiciones de convivir pacíficamente.

El que está bastante cerca de Haití es Venezuela. Tiene una de las tasas de población carcelaria más bajas -está en el puesto 18, con 161-, pero es el segundo con mayor número de asesinatos, con 53,7.

En Belice, el segundo país en proporción de presos (476), sí hay concordancia entre una cosa y la otra. Con una tasa de 44,7 asesinatos, es el tercero más peligroso. Lo mismo le cabe a El Salvador. Está tercero en encarcelamientos (422) y cuarto en homicidios (41,2).

Como estos dos ejemplos lo demuestran, la prisión por sí sola no garantiza mayores niveles de seguridad. Pero es evidente que, si quienes delinquen no son detenidos, ni siquiera se puede empezar a reparar el problema.

La media de los países de desarrollo humano muy alto es 283, la de desarrollo alto es 186

Un caso más equilibrado es el de Chile. A pesar de ser el país con menor proporción de homicidios en América Latina y el Caribe (3,1), es el sexto con mayor número de robos, 467 cada 100.000 habitantes. Por eso, resulta lógico que, con una tasa de 266 presos, se encuentre en el puesto 11.

¿Existe una proporción ideal de personas encarceladas? Evidentemente, en una sociedad ideal no habría presos, pero porque tampoco habría delincuentes. El problema es que una sociedad así jamás podría estar habitada por humanos, seres de deseo y, por ende, de conflicto. En la medida en que haya delitos, tendrá que haber cárceles y persona dentro de ellas, ya que aún no se halló un mejor método para reprimirlo una vez que aparece.

Si bien no se puede hablar de una proporción ideal de presos, el PNUD establece que la media de los países de desarrollo humano muy alto es 283, la de desarrollo alto es 186, la de desarrollo medios es 63, y la de bajo desarrollo es 71.

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Cuba, un país sin garantías ciudadanas

Faisel Iglesias es graduado en Derecho por la Universidad de La Habana, Cuba, donde ejerció como abogado hasta que fue lo arrestaron y luego lo expulsaron del país por defender los derechos humanos de sus clientes, a pesar de las directivas del Estado.

"Cuba no tiene un estado de derecho desde el punto de vista de la ciencia jurídica. Lo que se hizo fue institucionalizar la revolución, lo que es una paradoja, porque una revolución supone la ruptura de la institucionalidad. Por eso ni el Estado puede respetar su propio sistema jurídico", explica Iglesias, consultado por Infobae.

"Tampoco tiene una constitución en sentido estricto, ya que el concepto designa a la ley suprema del Estado, pero la de Cuba dice que quien dirige y orienta a la sociedad, al Estado y al Gobierno es el Partido Comunista de Cuba (PCC)", agrega.

Si la propia constitución está sometida a los designios del único partido político que puede actuar en el país, es evidente que los jueces no pueden ser independientes. También deben responder al PCC, al igual que la policía, los fiscales, los abogados y todas las piezas del sistema penal.

"El Gobierno cubano les ordena a los tribunales que resuelvan en función de su interés político"

"El Gobierno cubano les ordena a los tribunales que resuelvan en función de su interés político -dice Iglesias. Todo aquello que ponga en peligro la orientación política del Estado es una conducta criminal, que de acuerdo a su envergadura puede ser castigada con el despido del trabajo, la cárcel o la muerte".

"Hay procesos judiciales, pero tiene una función más bien teatral. Cuando alguien va a juicio, es la misma policía política la que determina cuál será la sanción. Yo tuve clientes que, cuando los iba a ver a prisión, el jefe policial me decía 'le vamos a dar ocho años'. El régimen cubano analiza políticamente. Puedes no cometer un delito y terminar preso, pero también puedes cometerlo y quedar impune. Todo se resuelve en función de la voluntad y el interés político", concluye.

Con semejante grado de discrecionalidad en poder de los funcionarios, resulta lógico que Cuba tenga un número tan elevado de presos, y que no haya relación con la cantidad de robos u homicidios.

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Argentina, un país con muchas garantías... para delinquir

En Argentina tampoco hay concordancia entre el número de crímenes y la cantidad de presos. Con 147 individuos privados de su libertad cada 100.000 habitantes, está en el puesto 23 de 27 en la región.

Si sólo se contempla la tasa de homicidios, que es la tercera más baja (5,5), pareciera haber un equilibrio casi perfecto. Pero basta mirar la de robos para ver que está muy lejos de ser así. Con una tasa de 975 casos por año, es el país con mayor proporción de robos de América Latina y el Caribe.

Eduardo Gerome es abogado, especialista en derecho penal. En diálogo con Infobae, explica las causas del número relativamente bajo de presos que tiene Argentina en relación a los crímenes que se cometen.

"Los jueces hacen una aplicación automática de las excarcelaciones y ponen a todos en libertad"

"Hay varias circunstancias que contribuyen -dice. Una de ellas es la excarcelación automática que se brinda a todo aquel que comete un delito, con el argumento de que mientras que no esté condenado no es culpable. Eso dice el tratado de San José de Costa Rica, pero con la excepción de que se pueda presumir que esa persona se va a burlar de la justicia".

"Los jueces hacen una aplicación automática y ponen a todos en libertad, sin que nadie vaya a constatar si esa persona va a eludir la acción judicial, o si va a seguir cometiendo delitos. Las corrientes pseudogarantistas en boga sólo buscan garantizar al delincuente, pero no a la sociedad, a la que desprotegen de forma palmaria. Así devuelven a la comunidad a elementos peligrosos, porque en un porcentaje muy alto vuelven a delinquir inmediatamente", agrega.

Gerome cuenta que los jueces deberían hacer un análisis exhaustivo de cada individuo antes de conceder la excarcelación, para determinar si se está ante alguien que puede haber cometido un delito aislado, o se dedica a eso. "Si es una persona que vive tres días en cada lado, que no tiene profesión conocida, y que ha pasado por todas las comisarías, no puede salir en libertad, porque va a seguir haciendo lo mismo", dice el penalista.

"Otro aspecto del problema -continúa- es la concesión de libertades de forma anticipada a presos que están cumpliendo una condena. Por más que el Código Penal diga que el juez 'podrá disponer la libertad', ese podrá lo transforman en un deberá. Vacían el sentido de la ley y hacen una aplicación automática cuando se cumplen dos tercios de la pena. No importa que al día siguiente esté de vuelta cometiendo un delito, como pasa ahora".

"El sistema judicial argentino no funciona. Devuelve a la sociedad personas nocivas"

Un tratamiento similar reciben las salidas transitorias, que deberían darse excepcionalmente, en casos de conducta ejemplar, pero se otorgan sin controlar demasiado. Lo mismo ocurre con la probation, que es la suspensión del juicio a prueba. Se incorporó al código para ser aplicada a algunos delitos menores, pero también se desnaturalizó en su implementación.

"Los tribunales la conceden como si fueran premios colectivos, a cualquiera y muchas veces sin exigir tareas a cambio. Es decir que quien comete un delito termina sin tener que hacer nada y evita la condena, pero el damnificado queda sin resarcimiento por los daños sufridos. La probation incluso evita encarcelamientos, porque en algunos casos se otorga a delitos más graves, en los que no se podría aplicar", dice Gerome.

"El sistema judicial argentino no funciona correctamente. Hay jueces que son muy dignos y que no se prestan a estas cosas, pero

muchos otros están inmersos en ese pseudogarantismo. D

evuelven a la sociedad personas nocivas que se vuelven contra ella, y lo hacen invocando cumplir un deber legal que indica todo lo contrario", sintetiza.