El 23 de abril pasado, el gobierno nacional, la provincia de Neuquén y la República Popular China rubricaron un acuerdo para el desarrollo de tecnología espacial en esa provincia. Como parte del convenio se estipuló la construcción de una estación de exploración lunar en el paraje Bajada del Agrio.
El acuerdo con los chinos incluyó una parte secreta que no fue dada a conocer, un "anexo reservado" que comenzó a generar preocupación y levantó sospechas de varios sectores. Concretamente, la inquietud y las dudas apuntan a un posible uso militar que los asiáticos podrían hacer de la base.
En charla con InfobaeTV, Miguel Ángel Toma aseguró que la cesión del terreno para ese fin "es muy preocupante", ya que implica "una cesión de soberanía" además de "una profunda contradicción en el relato del Gobierno, mientras plantea una lucha contra los fondos buitres, entrega soberanía a China donde incluso desconocemos la letra chica".
Según explicó, la mayor preocupación está en que quien dirige en China lo que respecta a la estación espacial es "el director general de armamentos del gobierno chino", por lo que "hay un fuerte componente de naturaleza militar". Según advirtió, "estamos entrando en un conflicto muy serio, porque esta cesión es por 50 años y queda claro que en los próximos 50 años va a haber una confrontación global, entre China como potencia emergente y desafiante, con lo que es hoy Occidente representado por Europa y Estados Unidos".
"Este conflicto estratégico hay que preverlo cuando uno mira más allá de 2015", explicó al asegurar que "al colocar una base acá en una zona de paz, porque América Latina no tiene hjpótesis de conflicto, se está comprando la posibilidad de ser parte del conflicto estratégico en los últimos 50 años, una irracionalidad".
Incluso fue más allá y afirmó: "Lo que veo es una enorme improvisación por parte del Gobierno y contradicciones permanentes. China, lejos de ser complementario de la Argentina, nos propone volver al mecanismo del relacionamiento comercial equivalente al del siglo XIX con Europa. China no nos quiere comprar ni el aceite de soja, quiere los granos. Creo que lo que hizo este gobierno está muy cercano a la traición a la patria, por un lado, y obviamente a la doble moral y al doble discurso".
Al respecto, dos diputados opositores neuquinos, Raúl Dobrusín y Alfredo Marcote, de Unión Popular, recordaron que pese a que el Congreso nacional apruebe el convenio con Pekín, el mismo debe ser tratado en la Legislatura provincial, de acuerdo a lo que establece la Constitución de Neuquén. Estos legisladores elevaron un proyecto de resolución para que sus pares conozcan el texto completo.
Dobrusín y Marcote advirtieron que el acuerdo tiene una serie de cláusulas de "cumplimiento imperativo", que resultan desfavorables para la provincia. Entre ellas mencionaron que Neuquén asume el soporte del terreno y una excesiva exención de impuestos, así como la extensión del acuerdo por 50 años.