Prensa Senado 162
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Ayer a la tarde, el Senado retomó el debate de los proyectos de defensa al consumidor, entre los cuales el más sobresaliente es la actualización de la Ley de Abastecimiento impulsada por el oficialismo. Y sorpresivamente, dio marcha atrás con muchas de las facultades que le otorgaba a la Secretaría de Comercio para intervenir en la cadena de producción y de formación de precios, algo que irritaba a los empresarios.

La discusión se llevó a cabo en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Justicia y Asuntos Penales, Derechos y Garantías e Industria y Comercio, reunidas en el Salón Azul del Congreso.

Entren los cambios que avaló el oficialismo y suavizó el alcance de algunos de los artículos más cuestionados por todo el sector privado, se destaca que la autoridad de aplicación, que se estima será la Secretaría de Comercio, ya no podrá disponer de clausuras e inhabilitaciones sin previa orden judicial. Además, se establecen de manera taxativa las causas que podrían motivar la intervención estatal en un mercado determinado, publica el diario La Nación.

El kirchnerismo también resolvió excluir del alcance de la nueva ley de Abastecimiento a las Pymes. En tanto, en el caso de aquellas empresas catalogadas como medianas, sólo quedarán alcanzadas por la norma las que, por su situación en el mercado, tengan injerencia en la formación de precios.

El secretario de Justicia, Julián Álvarez, anunció también que las empresas tendrán la posibilidad de recurrir total o parcialmente las multas que se les apliquen.

Por otro lado, en el caso del proyecto que crea el Observatorio de Precios, se aclaró que el Estado podrá intervenir y requerir de una empresa que produzca a pérdida ante determinada eventualidad, pero que a cambio deberá otorgar una compensación adecuada.

La oposición reconoció el gesto del oficialismo en la Cámara alta, pero aseguró que los cambios no eran suficientes para eliminar toda la discrecionalidad que le otorga a la autoridad de aplicación, por lo que adelantó que no acompañará la medida en el recinto.

Pese a ello, con estas modificaciones, el kirchnerismo logró el dictamen de comisiones y la iniciativa será tratada sobre tablas la próxima semana. El dictamen se logró luego de dos jornadas de exposiciones de distintas ONGs y del sector empresarial. Esto era de esperarse ya que el oficialismo contaba con mayoría en las cinco comisiones.

Uno de los oradores fue Ricardo Gil Lavedra (UCR), quien opinó que con esta ley del Gobierno "el derecho a la propiedad queda absolutamente cancelado" y vaticinó que la medida será "invalidada por los tribunales" porque tiene "defectos groseros".

"No se puede alterar por una ley el piso de derechos básicos que fija la Constitución en materia de
propiedad e iniciativa privada", agregó.

Por su parte, el constitucionalista Daniel Sabsay rechazó el proyecto de modificación de la ley de Abastecimiento y consideró que será "rápidamente despedazada en los Tribunales". Y recordó que lo mismo ocurrió con "la reforma judicial".

Del mismo modo, el abogado consideró que la propuesta del Ejecutivo dispone "una delegación legislativa que es absolutamente abusiva", dado que a su entender se avanza sobre el artículo 76 de la Constitución Nacional que establece que no se pueden hacer delegaciones legislativas por tiempo indefinido.


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La actualización de la ley se llamará "Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo" y, entre otras cosas, habilita a la Casa Rosada a establecer "márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios". La iniciativa recibió duras críticas.

Los otros proyectos

Además de la Ley de Abastecimiento, el Gobierno mandó un proyecto que crea el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC). Aquí, los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos de forma gratuita y éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días.

El proyecto contempla una opción de no llegar a un acuerdo: accionar ante la Auditoría de Relaciones de Consumo primero y ante la Cámara Federal y Nacional de Apelaciones en las Relaciones de Consumo después. También existe la posibilidad de presentarse ante la Cámara Federal de Apelaciones correspondiente.

Otra de las iniciativas es implementar un "observatorio de precios" que se encargaría del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en Argentina.