"Los empresarios deben dejarse de chicanas y estrategias que tiendan a distorsionar nuestras herramientas", reclamó esta mañana Jorge Capitanich, apenas horas antes del encuentro que mantendrá el Grupo de los 6 (G-6) para expresar su rechazo a la reforma de la Ley de Abastecimiento.

La entidad que agrupa a los integrantes de las seis cámaras empresarias más importantes se reunirá a las 11 para analizar los efectos que la iniciativa tendrá sobre el clima de negocios local. La semana pasada, varios de sus integrantes coincidieron en señalar que provocará una caída en las inversiones por las similitudes que tiene con las leyes venezolanas.

En su habitual conferencia de prensa, el jefe de Gabinete arremetió: "Tienen título de empresario pero ni siquiera se acercan a sus fábricas. Son lobistas que sólo responden a preguntas del periodismo pero como empresarios no hacen nada por su actividad, que es producir más y mejor".

Una vez más, Capitanich denunció que existen grupos económicos concentrados que tienen una fuerte incidencia en la "generación de expectativas a través de la manipulación de la cotización de la moneda extranjera en el mercado ilegal". Con eso, generan un "círculo vicioso, una calesita que pretende establecer el precio de la cotización ilegal de una moneda extranjera e incrementar las tasas de interés".

A la sede de la Unión Industrial Argentina (UIA) irán su titular, Héctor Méndez; y los representantes de las Cámaras de Comercio, Carlos de la Vega, y de la Construcción, Gustavo Weiss, además de los presidentes de la Bolsa, Adelmo Gabbi; de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, y de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Jorge Brito.

Por primera vez desde la batalla por la Resolución 125, todo el empresariado nacional se encolumna contra un proyecto del kirchnerismo: la reforma encendió las alarmas por las amplias facultades que otorga al gobierno de turno para sancionar e intervenir compañías y hasta expropiar su mercadería.

Pese a todo, el jefe de Gabinete aseguró que la propuesta no tiene ninguna similitud con las leyes venezolanas: "Rechazamos enfáticamente cualquier asociación de legislación comparada con otros países. (El proyecto) ha sido realizado por la observación del comportamiento de precios en la Argentina".

Capitanich desmintió además que la propuesta tenga algún grado de inconstitucionalidad, ya que reforma una ley que existe desde la década del 70. "Lo que se ha hecho es excluir los artículos que oportunamente eran cuestionados", insistió.