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El proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero contiene 516 artículos, 13 disposiciones generales, 37 reformatorias, 31 derogatorias, 35 transitorias y 3 finales.
Entre un conjunto de medidas que parecen bienintencionadas hay una que se destaca: la creación de una Junta de Regulación del sistema financiero, que tendrá enormes poderes de control y sanción.
Al igual que el organismo creado para regular a los medios de comunicación, dependerá directamente del gobierno. Estará conformada por los ministros de Política Económica, Finanzas, Planificación y Producción, y un delegado personal del presidente. No tendrá representantes de las entidades bancarias.
El diputado opositor Ramiro Aguilar sostuvo que la Junta de Regulación será una especie de "Dios" que determinará lo que pase con el dinero los ecuatorianos, según informó El Comercio. Para el analista económico Pablo Lucio Paredes, se trata de una medida "mucho más grave que cualquiera de los elementos de regulación que se han dado hasta ahora".
El proyecto fue enviado desde el Poder Ejecutivo con carácter urgente, lo que significa que el Parlamento deberá tratarlo en un plazo máximo de un mes. Dado que el oficialismo tiene una mayoría que responde verticalmente al presidente Rafael Correa, se da por descontada su aprobación.
El Gobierno aseguró que el nuevo código "cambiará las relaciones de poder que históricamente han predominado en el Ecuador", ya que "busca dar continuidad a un proceso de conversión del Estado burgués clasista hacia un Estado popular no clasista".
El ministro coordinador de la Política Económica, Patricio Rivera, y el presidente del Directorio del Banco Central, Diego Martínez, concurrieron este jueves a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional para defender la necesidad de la norma.
En su exposición de más de dos horas, pretendieron justificar la necesidad de regulaciones gubernamentales más estrictas del sistema financiero en que, bajo la normativa vigente, "privilegia al capital por sobre el ser humano".
"Ya no van a jugar lotería con los recursos de los ecuatorianos. El sistema financiero no es como una mecánica o una panadería. No podemos tener a Drácula cuidando el banco de sangre", espetó Rivera.
Entre los nuevos controles, se incrementará el requisito mínimo de capital pagado para que puedan operar las instituciones, que pasará de 2.600 a 11.500 millones de dólares. También se regularán las remuneraciones de los administradores y se elevará el monto máximo de las sanciones administrativas, de 7.887 a 860.000 dólares.