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El ex intendente de Tigre, uno de los máximos referentes de la oposición, se refirió a Amado Boudou y, consultado sobre qué haría en caso de tener un vicepresidente con esos problemas judiciales, señaló que "esperaría el procesamiento" y en caso de que eso ocurriera "le pediría que se corra del puesto".
En declaraciones al canal América, Massa justificó su posición con el argumento de que, si un juez dictara el procesamiento del funcionario que es investigado por corrupción, existiría "semi plena prueba" de que cometió un delito.
El legislador analizó también los principales problemas que vive la sociedad argentina y consideró que "son la inflación y la inseguridad". Al respecto apuntó que esa visión "está en los hogares y en la gente" y remarcó que "en la Argentina no hay respuesta porque hay mas prófugos que presos".
En relación a la corrupción, expresó que "la sociedad argentina está harta y desanimada por la impunidad" y aclaró que "los Jaime de este mundo, no solo deben ir presos sino también pagar con su bienes".
Sobre la situación ante los fondos buitres afirmó en declaraciones televisivas que "el fallo es contra la Argentina y transciende este gobierno al que le quedan 500 días. Es un tema que necesita la creación de una comisión bicameral porque los temas de endeudamiento externo son temas del parlamento".
Proyecto en marcha
El Frente Renovador presentará en los próximos días un proyecto de ley para que el Estado recupere el dinero y los bienes que son producto del narcotráfico y la corrupción.
"La impunidad se va a terminar el día que persigamos la plata y los bienes de los que se hicieron ricos con la droga y la corrupción", expresó Massa al comentar las razones de la iniciativa.
El proyecto de ley de "extinción de dominio para activos del narcotráfico y la corrupción" será presentado en la Cámara de Diputados en los próximos días, informó hoy en un comunicado el Frente Renovador.
La fuerza política que conduce Massa puntualizó que la iniciativa alcanza no solo a "los bienes vinculados con actos de corrupción de funcionarios" sino también los de "evasión de privados".
Asimismo, en caso de ser aprobado, extenderá la persecución de los activos a los que "heredan los familiares de los condenados y los que se encuentren fuera del país".