Télam 162
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El fiscal Carlos Rívolo volvió a solicitarle al juez Sebastián Casanello que dicte el procesamiento de dos ex funcionarios kirchneristas involucrados en un caso de corrupción.

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y Claudio Uberti, ex director del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), declararon en indagatoria en diciembre pasado por el uso privado de autos públicos.

Ambos ex funcionarios llegaron a indagatoria porque Jaime usaba para su beneficio -tal es la acusación del fiscal Rívolo- un auto que había recibido el Occovi de parte de una empresa privada para que se inspeccionara la concesión de una ruta con peaje. El ex secretario de Transporte, se comprobó en la causa, pagaba el sueldo de un chofer que manejaba el auto que le dio Occovi y además la cochera cercana a su casa donde lo guardaba.

Jaime, asimismo tiene en su haber -uno más de tantos casos de corrupción- la acusación por el uso privado de otro auto que una empresa privada, adjudicataria de una licitación de una construcción en el área de Transporte, había entregado al Estado para que se controlara la marcha de las obras. Pero lo usó para, por ejemplo, ir a la casa de fin de semana que –según se comprobó en otro caso de corrupción- le regaló un empresario al que debía controlar.

En su primer pedido de procesamiento Rívolo aseguró que "Ricardo Raúl Jaime sustrajo de la órbita de administración estatal –con la necesaria participación de Claudio Uberti, quien se encontraba a cargo del Occovi– uno de los rodados destinados a la inspección de una obra vial (donde y para cuyo destino fue entregado por la empresa concesionaria Vial 3 S.A., en cumplimiento de obligaciones contractuales), que le dio un destino y uso distinto a aquél que tenía asignado en el Pliego Técnico Particular –supervisión de las obras– y que lo utilizó de manera particular, como si fuera el dueño y en su propio beneficio".

 Web 162
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Uberti –integrante de la comitiva del avión que trajo la valija de Alejandro Antonini Wilson- se presentó ante Casanello, negó haber cometido delito y pidió la prescripción del caso. El juez Casanello rechazó esa solicitud y entonces el ex funcionario apeló a la Cámara Federal. La Sala I de la Cámara Federal con la firma de los jueces Eduardo Freiler y Eduardo Farah respaldó lo determinado por Casanello. La Cámara aseguró que el delito no prescribió y que Uberti debe seguir bajo investigación.

La defensa de Uberti había planteado que se había pasado el tiempo máximo de la pena prevista por el artículo 260 del Código Penal que establece que "será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída."

Pero la Cámara le contestó que Casanello, cuando lo citó a indagatoria, y Rívolo cuando pidió el procesamiento, encuadraron el caso en el delito de peculado según el artículo 261 del Código Penal que señala que "será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública".

Casanello, quien procesó por enriquecimiento ilícito a Jaime en abril pasado, llegó al juzgado federal 7 en octubre de 2012. Antes, desde el inicio de ambas causas por el uso de los autos, el juez fue Norberto Oyarbide.

Rívolo reiteró el pedido de procesamiento de Jaime y Uberti la semana pasada debido a que ya se produjeron todas las pruebas necesarias en el caso y al "considerable tiempo transcurrido" desde las indagatorias.