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 Tèlam 162
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Las críticas, algunas provenientes desde su propio riñon, castigaron de tal manera al Gobierno que lo hicieron retroceder en su proyecto de ley original contra los piquetes. Un tropiezo, sin embargo, no es caída. De la mano de las legisladoras Diana Conti (FPV) y Alicia Comelli (el aliado MPN), el oficialismo vuelve a la carga con un texto alternativo, con el objetivo de buscar el respaldo de la oposición y compartir el costo político en la contención de las protestas sociales.

A diferencia de la propuesta del diputado Juan Manuel Pedrini, - a la que había adherido el núcleo duro del kirchnerismo, como la propia Conti y Carlos Kunkel-, el escrito elimina algunos puntos muy cuestionados, como la diferenciación entre manifestaciones "legítimas" e "ilegítimas", arista que fue criticado por el CELS y otros sectores alineados con el Gobierno. Tampoco establece como requisito el aviso previo para llevar adelante la protesta.

El foco de la propuesta es la creación de una comisión que funcione como mediadora para los conflictos "que afecten a terceros" y cuya resolución "competa al Estado Nacional o pueda ser facilitada por él". A saber, se consideran los cortes de ruta, movilizaciones populares, "interrupción del tránsito" y ocupación de inmuebles, según informa el diario Clarín.

El proyecto establece como autoridad de aplicación el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, otro punto con el que se diferencia de Pedrini, que la ubicaba en el área de Seguridad. Luego de la mediación propone la firma de un acta "en la que constará el éxito o el fracaso" para ser remitira al juez. Mientras transcurra la negociación, los manifestantes deberán "flexibilizar" la protesta "de modo de reducir" los perjuicios a terceros, sostiene el artículo 5°. Si la audiencia fracasa, se habilita el uso de las fuerzas de seguridad, previa intimación.

Como "concesión" para las críticas por izquierda, el oficialismo impulsa declarar la amnistía para los delitos cometidos en los reclamos sociales desde diciembre de 2001, a excepción de homicidios, lesiones graves y de violencia física.

Además, de la propuesta de Pedrini se podría tomar la "garantía" de difusión de las demandas en los medidos de comunicación públicos. Sin embargo, esto último no fue mencionado en la nueva propuesta.

"El debate no debe clausurarse. Si logramos consensuar entre todos los bloques, puede haber una ley este año. En las grandes urbes hace falta un ordenamiento ", aseguró Conti. Al igual que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich con el proyecto anterior, buscó desligar a la Casa Rosada: "No es un proyecto de la Presidenta, sí responde a colaborar con el debate que pidió la Presidenta".

En simultáneo a la iniciativa de Conti, se tratará en la Comisión de Asuntos Constitucionales las propuestas de Pedrini, Federico Sturzenegger (PRO), Darío Giustozzi (Frente Renovador) y otro de Ramona Pucheta (FIS).

Así, el Gobierno no dará tregua en la orden dada este año por Cristina Kirchner de poner fin a la permisividad del piquete, que ha sido tolerada durante todo el kirchnerismo. El horizonte es compartir el costo político con el resto de la oposición e inaugurar un nuevo consenso que restrinja la protesta social, y cierre el círculo abierto en el 2001.