Un año después de su sanción en el Congreso, el Gobierno reglamentó ayer parcialmente el nuevo régimen laboral para los empleados que hacen tareas domésticas en casas particulares. La normativa establece la obligatoriedad de los empleadores de contratar una cobertura de una aseguradora de riesgo de trabajo (ART).
Con esta regulación, las trabajadoras quedan protegidas por enfermedades y accidentes inculpables (los ajenos al trabajo), por maternidad y, ahora, por cualquier evento dañoso originado por el hecho o en ocasión del trabajo, sean estos accidentes ocurridos en el ámbito laboral y las enfermedades profesionales contraídas a raíz del trabajo realizado.
Entre las novedades, el decreto 467/2014, publicado ayer en el Boletín Oficial, ordena también a los empleadores a pagar los haberes del personal doméstico -con una jornada igual o superior a las 32 horas semanales- a través de cuentas sueldos abiertas en instituciones bancarias.
Además, el decreto dispone de la creación del Servicio de Conciliación Obligatoria para el Personal de Casas Particulares, una instancia previa para resolver conflictos laborales a las demandas que se sustanciarán en el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, también instituido por la ley 26.844.
La reglamentación recuerda que se prohíbe que trabajen los menores de 16 años en casas particulares, mientras que los menores de 18 deberán contar con autorización de los padres o tutores. También se establece que el empleador no podrá valerse del período de prueba para una situación de eventual despido "cuando no se haya registrado la relación laboral".
Por último, se fija en seis horas diarias la jornada laboral, la cual no podrá realizarse, en ningún caso, en horario nocturno, entre las 20 y las 6, sostiene el decreto firmado por la presidente Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
El nuevo régimen amplía los derechos de los trabajadores domésticos, al colocarlos bajo las protecciones y estándares que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, la normativa continúa despertando polémica. Sus detractores aseguran que supone un aumento del costo laboral tal que conlleva un desaliento de la registración.
En cambio, los que respaldan los cambios sostienen una idea diametralmente opuesta. "Ha habido un aumento notable en el personal blanqueado. Sobre el universo de un millón de trabajadores, ya hay 400 mil en blanco", afirmó esta mañana Carlos Brassesco, apoderado de la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp).
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