Pena de muerte: debate en EEUU por la ejecución de un discapacitado

EEUU cuenta con 38 estados en los que la pena de muerte es un castigo aplicable si el delito cometido es grave. El próximo 9 de abril, un mexicano acusado de matar a golpes a un hombre y luego violar reiteradamente a la esposa de la víctima, será ejecutado con la inyección letal, una combinación de drogas que provocan la muerte instantánea.

Ramiro Hernández Llanas se crió en la miseria, en Tamaulipas, México; fue a la escuela hasta los 10 años y luego se ganó la vida juntando metales, cartón y vidrio, relata el diario El País. Desde niño tuvo dificultades para relacionarse y adaptarse, al punto de que a los 9 años no tenía la capacidad para vestirse solo.

Cruzó la frontera a los EEUU. A los 28 años, Hernández llevaba pocos días trabajando en la casa de un profesor, Glen Ernst Lich, al que atacó con una barra de metal hasta matarlo. Tras el crimen, el joven fue contra Lera Lich, la esposa de su víctima, a la que violó en varias ocasiones. Se quedó dormido, y ése fue el momento en que su víctima pidió ayuda a sus vecinos. Los hechos ocurrieron en 1997.

El testimonio de la viuda y de los testigos que acompañaron su relato fue suficiente para que una Corte de Texas fijara la pena de muerte como castigo.

A finales del pasado mes de marzo, la Corte Suprema de los EEUU rechazó una apelación de la defensa de Hernández, que exigía la suspensión de la ejecución porque el condenado padece un retraso mental.

A pesar de los testimonios de familiares que aseveran la presencia de un retraso en Hernández, y aún con los esfuerzos de su defensa por solicitar clemencia ante este caso, basados en la sentencia de la Corte Suprema de 2002 que calificó de inconstitucional la ejecución de personas con retraso mental, como la decisión quedó en manos de las cortes locales, no hay clemencia hasta el momento.

Hernández se convertirá en el reo número 509 ejecutado en Texas desde que se implementó la pena de muerte.

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Las irregularidades del proceso

Uno de los debates que va más allá de la pena de muerte se relaciona con las posibilidades que tienen personas de bajos recursos y extranjeros indocumentados de acceder a una asistencia consular de sus países.

El caso Hernández Llanas no contó con la asistencia legal consular cuando fue arrestado y enjuiciado. Un fallo de la Corte Internacional de Justicia fijó en 2004 con el "caso Avena"  que los Tribunales de los EEUU deben revisar los fallos condenatorios sobre ciudadanos mexicanos y comprobar si una asistencia consular hubiera incidido en la defensa y resultado del juicio, pero Texas no ha aprobado en su Congreso Federal esta normativa, y ya ejecutó a 51 reos mexicanos.

La defensa del condenado presentó otro recurso, desechado en las últimas horas, donde exige que las autoridades de Texas revelen el nombre del proveedor del Pentobarbital, la droga que se utiliza para la ejecución, pero un Tribunal Federal desechó el reclamo y la ejecución se realizará el 9 de abril.

El pedido de la defensa del acusado se asienta sobre la necesidad de conocer los componentes de la droga para asegurarse que el reo no sufrirá, pero el rechazo de la Justicia al pedido, se convierte en el segundo que se desestima en pocos días, pero abre el debate sobre la transparencia de la información en torno a las ejecuciones.