El Gobierno minimizó la quiebra de la empresa de cosechadoras que llevó Moreno a Angola

El jefe de gabinete se quejó por la difusión que tuvo la quiebra de la firma: "Nada se dice del crecimiento del sector", que tuvo "ventas por 1.155 millones de dólares en 2013", enfatizó

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Ayer se supo que un juez de la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay dispuso la quiebra de la empresa de cosechadoras Grandes Máquinas del Grupo Senor. Aunque por sí sola la resolución es noticia, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se enojó por su difusión.

El funcionario criticó el trato que le dieron los medios a la quiebra de la firma que exportaría sus maquinarias a Angola, al señalar que "nada se dice del crecimiento del sector", que tuvo "ventas por 1.155 millones de dólares en 2013".

El año pasado "se fabricaron 920 cosechadoras, 3.700 tractores y 2.549 sembradoras", planteó Capitanich al comparecer esta mañana ante la prensa en la Casa Rosada, donde dijo: "Forma parte de la agenda esta empresa, pero no se dice nada de cómo el sector creció en maquinarias, cosechadoras, que es producción nacional".

Capitanich contrastó así la información periodística sobre la quiebra de la firma Grandes Máquinas, una compañía de Entre Ríos que fabricaba cosechadoras para exportar a Angola, lo que en su momento impulsó la presidente Cristina Kirchner al viajar a ese país africano.

El jefe de gabinete se quejó por la difusión que tuvo la quiebra de la firma: "Nada se dice del crecimiento del sector", que tuvo "ventas por 1.155 millones de dólares en 2013", enfatizó

El síndico de la quiebra de la firma, Horacio Larrivey, comentó al canal TN que la empresa "tenía una deuda muy grande y muy poca capacidad de pago". Calculó las obligaciones adeudadas entre 10 y 12 millones de pesos. "Entraron en cese de pagos y no pudieron", confirmó.


La empresa tampoco afrontó el alquiler del galpón en el puerto uruguayense, una deuda de 56.000 pesos. Sobre Senor pesa también un embargo de bienes, tanto en Concepción del Uruguay como en Córdoba, pedido por Daniel Huarte, fabricante de las partes de la carrocería de la cosechadora, abonadas con cheques sin fondos.


Senor padre e hijo y Scravaglieri están imputados también  por una denuncia formulada por el abogado Guillermo Mulet. Son investigados por un posible fraude contra la administración pública, en virtud de los millonarios créditos que recibió la empresa.

Presentado con bombos y platillos, rápidamente el acuerdo de exportación de cosechadoras a Angola incursionó en un turbio sendero de suspicacias, denuncias y embargos, que terminó con el peor final.