Nicolás Stulberg 162
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"En esta década se cooperó poco, no se sancionaron las leyes que se debían sancionar, no se reorganizó el espacio aéreo, y el consumo de cocaína y marihuana en Argentina se duplicó". El durísimo diagnóstico, avalado por las estadísticas oficiales y los hechos vinculados a la violencia narco que se suceden semana tras semana, pertenece a Eugenio Burzaco, el ex jefe de la Policía Metropolitana que es además uno de los mayores conocedores del tema de nuestro país.


El experto en seguridad, quien lanzará un libro sobre el narcotráfico en Argentina a mediados de año, recibió a Infobae en sus oficinas en el barrio de Recoleta para hablar acerca de la desidia de la administración kirchnerista en combatir el avance de la droga, las razones que convierten a nuestro país en territorio atractivo para los grupos narco, y la deficiencia judicial para llevar a la cárcel a los traficantes.


-Usted advirtió durante años acerca del avance de la droga en la Argentina, algo que como hemos comprobado en los últimos meses, ya se convirtió en un problema insoslayable. ¿Por qué se llegó a esta situación?

Se llegó a esta situación porque durante muchos años hubo una fuerte inacción y un error de diagnóstico. Acá tenemos funcionarios muy importantes que siguen hablando de Argentina como país de tránsito cuando en realidad es mucho más. Somos un país que produce droga y con un consumo relevante. En los últimos 10 o 15 años cambió la naturaleza del negocio. Los narcos pelean por el territorio y eso es lo que genera estos niveles de violencia y de corrupción. Hemos tenido jefes de Policías provinciales involucrados. Y esta negación de la realidad desde el poder contribuyó a esta situación. Además, las fronteras porosas, sin control del espacio aéreo y con un marco legal endeble, contribuyeron al avance del narcotráfico.




-¿Y el gobierno tiene conciencia de la gravedad del problema? Porque recientemente tanto el secretario de Seguridad, Sergio Berni, como el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, desmintieron la admisión del ministro Agustín Rossi de que en Argentina se elaboraba droga.

Me parece que eso es un tema más de "relato" que de fondo. Berni en los últimos meses ha estado muy activo y ha decomisado varios laboratorios, algunos muy importantes como uno en Funes, provincia de Santa Fe, que tenía capacidad para producir una tonelada al año, con lo cual él sabe muy bien cuál es la realidad. Lo importante es que se comprenda que el negocio tiene otro gradiente de complejidad y otro nivel de violencia. Rosario tiene una tasa de homicidios que supera la de Medellín y San Pablo, y eso no es casual. Son muertes producto de asesinatos entre bandas narco. El hecho de que se atentara contra el gobernador de esa provincia muestra el nivel de impunidad con el que se manejan. O en Mendoza, donde atacaron un diario que estaba haciendo una investigación de una banda narco. Argentina nunca va a ser Colombia, porque no produce la hoja de coca, y tampoco México, porque no estamos cerca de los EEUU, pero en muchos aspectos nos parecemos cada vez más a Brasil, donde hay enclaves urbanos sin control, se produce droga, los narcos le manejan la vida a las personas, y el narcotráfico y la política se mezclan.


-Claudio Izaguirre, titular de la Asociación Antidrogas de la Argentina, dijo que había actualmente en el país seis organizaciones narco, todas ligadas a los grandes carteles de México y Colombia. ¿Por qué estos grupos deciden establecerse acá?

La razón es que en la última década se ejerció una mayor presión en los países productores del narcotráfico contra estas organizaciones, lo que provocó que estas deban extenderse a lugares como Argentina y Venezuela. El negocio se concentraba originalmente en Colombia, Perú y Bolivia, que son los principales productores de coca. ¿Y por qué se establecen en nuestro país estos grupos narcos? Porque el sistema de defensa argentino es bajo. Cuanta mayor debilidad institucional, mayor expansión de la droga.


-Siempre se habla de connivencia policial con el narco, pero muy pocos han sido los que denunciaron  la complicidad política, con la excepción tal vez de la diputada Elisa Carrió. ¿Cómo funciona esta conexión?

Es sencillo. Antes, para pasar la droga por Argentina y llevarla a Marbella, los narcotraficantes con corromper a un funcionario de aduana ya tenían el tema resuelto. Ahora, que se produce en laboratorios propios y se distribuye en mercados de consumo como el Gran Buenos Aires o el Gran Rosario, el traficante necesita de un alto nivel de corrupción, no solo en la Policía sino también en la Justicia y los partidos políticos, para poder llevar adelante su negocio. El caso más paradigmático fue el del triple crimen de General Rodríguez, en el que uno de los asesinados había aportado para la campaña del Frente para la Victoria.


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-¿Cree que el compromiso por combatir al narcotráfico que ha manifestado la dirigencia política estas últimas semanas pueda ser algo pasajero y disiparse cuando caiga de la agenda periodística?

No, no lo creo, porque el tema entró en la agenda de la sociedad, es decir, afecta la vida diaria de las personas, y los políticos ya no van a poder evitarlo como lo hicieron durante años. Es más, creo que va a ser una cuestión muy importante en la próxima elección y espero que se tomen decisiones de fondo, ya que el combate contra el narcotráfico no se puede postergar más. De alguna manera, esa reunión que hizo el Episcopado juntando a políticos de todos los partidos es un buen síntoma de que hay alarmas prendidas y una decisión de empezar a hacer algo.


-Entre las últimas iniciativas del gobierno para luchar contra el avance de la droga se destaca la designación del padre Juan Carlos Molina al frente del Sedronar, organismo que estuvo vacante durante ocho meses. ¿Qué le pareció el nombramiento?

Honestamente no lo conozco al padre Molina, así que no puedo dar una opinión sobre su idoneidad profesional. Entiendo que se busca hacer foco en el tema preventivo, algo que es importante y por eso se designa a una persona que va a trabajar atacando los problemas de base. Ahora, había toda una serie de funciones que cumplía el Sedronar, como por ejemplo el control de los precursores químicos que se elaboran acá, y eso quedó en el limbo, pese a que controlar ese flujo es fundamental para luchar contra la producción industrial de cocaína.



-Recientemente se supo que varias provincias firmaron acuerdos de cooperación con los Estados Unidos para capacitarse y compartir información en la lucha contra el narcotráfico, algo que hubiese sido impensado en la gestión de Nilda Garré. ¿Ve esto como un avance en la dirección correcta?

Bueno, la gestión Garré se caracterizó por toda una serie de enfrentamientos con el gobierno de EEUU con los que nunca quedó claro qué se ganó. Con respecto a los acuerdos de cooperación, si bien no todo es trasladable a la realidad argentina, me parece muy bien que las provincias tomen esa iniciativa, porque todo lo que es microtráfico, la última parte del eslabón, se encara a nivel provincial, y es necesario ese aprendizaje, contar con información y compartirla, trabajar en conjunto. De todas formas, lo que falta en Argentina es un plan integral. Con Berni, esa es mi crítica. ¿Qué vamos a hacer con nuestras fronteras, que son un colador? En la medida en la que sean endebles, la droga va a seguir entrando por ahí.


-Siguiendo con el tema de los Estados Unidos, luego de que el departamento de Estado publicara esta semana un informe sobre la producción de drogas en el mundo, que incluía un diagnóstico preocupante sobre nuestro país, el canciller Héctor Timerman dijo que Argentina era víctima del consumo de drogas y de la producción de armas norteamericanas. ¿Qué opina de estos dichos?

Eso es algo típico de este gobierno, echarle siempre la culpa al otro. No caben dudas de que EEUU es el  principal mercado de consumo del mundo junto a la Unión Europea, y que tiene responsabilidad en el problema, pero también tenemos que sincerarnos. Argentina tiene ahora, con respecto a diez años atrás, el doble de gente que consume cocaína y marihuana, con lo cual no toda la droga que viene acá es para irse a EEUU, sino que mucha es para venderse en el mercado local. Lo cierto es que en esta década se cooperó poco, no se sancionaron las leyes que se debían sancionar, no se reorganizó el espacio aéreo, y como consecuencia hoy estamos mucho peor, y eso es nuestra responsabilidad.



-Una de las opciones que algunos espacios políticos propusieron para enfrentar la entrada de droga a nuestro país es la promulgación de una "Ley de Derribo". ¿Está de acuerdo con esa idea?

A decir verdad, yo redacté un proyecto de ley cuando fui diputado nacional sobre el tema que, si no fue el primero, fue uno de los primeros al respecto. Yo prefiero llamarla "Ley de Protección del Espacio Aéreo" y no "Ley de Derribo", porque de lo contrario suena como si uno quisiera ir bajando aviones y no es ese el caso. La realidad es que todos los países de la región tienen casi el 100% de su espacio áereo radarizado, tanto Brasil como Chile y Uruguay. Básicamente de lo que se trata es de establecer un protocolo de actuación para ver qué hacer cuando ingresa un avión que no se identifica, que no obedece, que no se comunica con un radar. Esta ley daría la posibilidad de pedirle al avión que se identifique, pararse al lado, decirle que tiene que bajar y, como última instancia, contar con la posibilidad de derribo. En este momento, es muy fácil mandar una avioneta a nuestro territorio y aterrizarla en una pista ilegal o directamente tirar los bolsos con cocaína y marihuana en unos campos y que nadie se entera. Esto lo impediría.


-Por último, estuve revisando datos sobre la tasa de resolución de causas vinculadas a las drogas y es muy baja, alrededor de un 4 %. ¿Por qué sucede esto?

Sobre este tema hay dos cuestiones. Una, es que en esos datos se incluyen las causas de tenencia para consumo, que en general terminan siendo archivadas, y son alrededor del 25, 30% según el Sedronar. En mi opinión, deberían computarse separadamente y no tratarse en juzgados penales, ya que el consumo es un problema médico. De los otros dos tercios que sí tienen que ver con causas de tráfico, lo que sucede es que faltan fiscalías especializadas y los juzgados están abarrotados. Hay algunos en lugares claves, el norte de Salta y Jujuy, por ejemplo, donde están los pasos fronterizos y permanentemente se incautan toneladas de coca, que tienen en su órbita 5000, 6000 causas al año. De esta manera, muchas terminan prescribiendo, otras adolecen de fallas técnicas, lo que se traduce en pocas resoluciones judiciales. Claramente hay un déficit que es necesario solucionar, pero esto requiere de voluntad y recursos. En la medida que haya pocos juzgados y tengan poca capacidad para investigar y dictar sentencias, la impunidad solo va a escalar.