El año pasado, el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri dictó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que intentó proteger legalmente a las empresas periodísticas que tienen domicilio en la Capital Federal y a los periodistas de esos medios. Con la norma, se fijó "que los medios de comunicación cuyo ámbito se limite a la Ciudad no podrán ser clausurados o suspendidos, ni sus equipos decomisados sino en virtud de sentencia firme dictada por el Poder Judicial de la Ciudad".
La Ley "garantiza el derecho de todas las personas de buscar, expresar, recibir y difundir libremente, por cualquier medio de su elección, informaciones, opiniones, ideas" y que las autoridades porteñas "no podrán dictar actos administrativos, que directa o indirectamente, afecten las libertades de imprenta, prensa y expresión".
El proyecto fue aprobado a fines de mayo de 2013 con 35 votos a favor –el PRO, la Coalición Cívica-ARI y Proyecto Sur–, y 15 en contra, del Frente para la Victoria y sus aliados. Fue entonces que la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación y Eduardo Cárdenas, un vecino de la Ciudad con el apoyo del defensor general porteño, Mario Kestelboim, pidieron la inconstitucionalidad de la norma.
Con tres votos a favor y dos en contra, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires avaló ayer la ley de Libertad de Expresión. El fallo rechaza, por inadmisible, la presentación y se interpreta que es un fuerte respaldo a la ley. Los jueces José Casas, Ana María Conde e Inés Weinberg votaron por no admitir el tratamiento de los pedidos porque los planteos tenían defectos de fundamentación en sus argumentos.
En cambio, en disidencia, los magistrados Luis Lozano y Alicia Ruiz se inclinaron por abrir el expediente y analizar los planteos realizados contra la ley.
En la elaboración del proyecto participaron la Coalición Cívica-ARI y Proyecto Sur. El kirchnerismo dijo que se trataba de una ley digitada y el Partido Socialista Auténtico fue una de las fuerzas que se abstuvo.