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El Congreso estadounidense aprobó el martes una amplia y esperada reforma de la política agrícola para el período 2014-2018, que incluye la supresión de los pagos directos a los productores.

La iniciativa, que reforma también el programa de tickets de alimentación, marca un infrecuente punto de cooperación entre legisladores republicanos y demócratas, en general fuertemente divididos.

Los senadores aprobaron por 68 votos contra 32 el proyecto de ley, que ya había superado la Cámara de Representantes la semana pasada y que se espera sea ahora promulgado por el presidente Barack Obama.

El texto, negociado arduamente desde 2012 por demócratas y republicanos y también entre las regiones rurales y urbanas, pone fin a las subvenciones directas, sin conexión con la producción.

"Como todo compromiso, esta ley agrícola no es perfecta, pero al cabo tendrá un impacto positivo no sólo en las economías rurales que alimentan a Estados Unidos sino también en nuestro país", subrayó Obama en un comunicado.

Estos subsidios eran acordados principalmente en función de la superficie de las tierras de un propietario, aunque no fueran cultivadas.

          Obama: "Esta ley agrícola no es perfecta, pero al cabo tendrá un impacto positivo"

A cambio, la reforma incrementa el sistema de garantías contra la caída de los precios o de los ingresos, y los programas subvencionados de seguros suscritos por los agricultores para protegerse de la volatilidad de los precios y catástrofes naturales.

La Unión Europea consagra la casi totalidad de su presupuesto agrícola a subvenciones como las que Estados Unidos acaba de suprimir, que garantizan a los agricultores un ingreso estable todos los años.

Pero en Estados Unidos los u$s5.000 millones anuales distribuidos de esta manera eran políticamente difíciles de justificar tras la reciente explosión de los precios mundiales, fundamentalmente de los cereales, al ser pagados incluso a los agricultores más ricos.

"Esta ley contiene las mayores reformas de los programas agrícolas en las últimas décadas", dijo la senadora demócrata Debbie Stabenow, que preside la comisión de agricultura.

Las federaciones profesionales, desde la del maíz hasta la del sector lechero, manifestaron un fuerte apoyo a la reforma. La Unión Nacional de Agricultores saludó la adopción de "una red de seguridad eficaz para los agricultores y los estadounidenses que pasan necesidades".

Se creará "un sistema en el que será muy difícil perder dinero", dijo a la agencia AFP David Laborde, investigador en el Instituto Internacional de Investigación sobre las Políticas Alimentarias (Ifpri) de Washington. "Se asegura el ingreso de los agricultores", precisó.

En total, el monto consagrado a las ayudas agrícolas permanece estable, en unos u$s20.000 millones anuales en los próximos cinco años. Pero estos gastos podrían crecer significativamente en caso de caída de los precios mundiales.

La ley comprende igualmente una ligera disminución del programa de bonos alimentarios ("food stamps"), pilar de la protección social estadounidense, que son entregados a cerca de 48 millones de ciudadanos de bajos ingresos para ayudarlos a adquirir alimentos.

Los programas "verdes" de incitación a la preservación del medio ambiente son también reforzados.

Pero varias ONG criticaron un aspecto de la reforma que hace que "incluso las explotaciones más ricas puedan recibir generosas subvenciones", según dijo a la agencia AFP Jason Rano, del Environmental Working Group.

Los conservadores se lamentaron por su parte de que la ley incluya una serie de programas "inútiles" destinados a satisfacer a todos los grupos de interés, según dijo el senador republicano John McCain.