Adrián Escandar 162
Adrián Escandar 162

Tras la devaluación aplicada la semana pasada, el gobierno nacional comenzó una serie de controles para intentar frenar subas de precios injustificadas. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, informó este miércoles que tras las primeras revisiones se labraron 31 actas de infracción por distintas faltas, que iban desde aumentos desproporcionados hasta desabastecimiento o falta de exhibición de los precios de venta. De todas formas, el funcionario se negó a dar los nombres de las compañías sancionadas.

Ahora, sin embargo, el Gobierno comenzó a dejar trascender los nombres de algunas de las compañías apercibidas. Entre las empresas halladas en infracción se hallan, por ejemplo, cinco supermercados: Coto, Carrefour, Jumbo, Walmart y Día. A todos ellos, según consigna el diario Página 12, se les labraron actas por falta de señalización y/o problemas de stock en el programa de "Precios cuidados".  A la cabeza de los más sancionados se encuentra la cadena Jumbo, con nueve actas de infracción labradas. Luego, la siguen Wal-Mart, con siete; Día, con cinco; Coto, con cuatro, y finalmente Carrefour, con dos.

También fueron apercibidas las cadenas de electrodomésticos Garbarino, Frávega y Musimundo por no exhibir los precios de sus productos en las vidrieras o en el interior de sus respectivos locales. Pero entre quienes recibieron actas de infracción no se encuentran sólo representantes del último eslabón de la cadena comercial: funcionarios de la Secretaría de Comercio Interior dirigida por Augusto Costa se presentaron en oficinas de la empresa Arcor por haber aplicado fuertes aumentos a los productos que entregaba a sus distribuidores y clientes.

"Tenemos denuncias sobre la empresa Arcor por incumplimiento del acuerdo, pero los tiempos los pone la ley. No vamos a proceder precipitadamente. Estamos en un Estado de Derecho, donde una denuncia no implica ser culpable", puntualizó el propio funcionario en la conferencia de prensa que dio este miércoles para referirse a la situación de la siderurgia, la petroquímica y los electrodomésticos.

Si bien no trascendieron sus nombres, el diario Ámbito Financiero informa que entre las compañías apercibidas hay también otras tres firmas productoras de alimentos, dos fabricantes de artículos de limpieza, dos molineras y hasta una cervecería.

Ahora, todas las empresas tienen un plazo máximo de diez días para presentar su descargo ante la Secretaría de Comercio Interior. Una vez que sus presentaciones hayan sido analizadas, el Gobierno decidirá las medidas a tomar. Este miércoles, Capitanich ya adelantó las cuatro sanciones posibles ante estos casos: "Multas, clausuras, importaciones o el retiro de beneficios de las políticas públicas como los préstamos a tasas subsidiadas".