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El mexicano Edgar Tamayo Arias, de 46 años, fue ejecutado este miércoles mediante inyección letal en una prisión del estado estadounidense de Texas, informaron fuentes de la Autoridad Penitenciaria.
Tamayo, condenado por la muerte de un policía en 1994, fue declarado muerto a las 21.32 hora local (03:32 GMT), informó a la agencia AFP un vocero del sistema penitenciario en Huntsville, en Texas, donde se practicó la ejecución.
Casi simultáneamente, el gobierno mexicano emitió una nota oficial en la que lamentaba la ejecución de su connacional.
"El Gobierno de México hace un llamado para que tomen acciones efectivas y evite que se ejecuten otras condenas en desacato del fallo Avena que dañen el régimen de asistencia y protección consular acordado entre los países", apuntó la nota distribuida por la cancillería.
El caso provocó una verdadera lluvia de llamados e intervenciones diplomáticas y judiciales para tratar de suspender la ejecución.
El caso de Tamayo era uno de los 51 que la Corte Internacional de Justicia pidió a los Estados Unidos que someta a revisión, ante evidencias de que sus derechos consulares fueron violados de acuerdo con los principios de la Convención de Viena.
La Convención de 1963, ratificada por 175 países, incluidos los Estados Unidos, prevé que todo extranjero debe recibir asistencia de sus representantes consulares tras ser informado de sus derechos.
A fines de 2013, el secretario de Estado John Kerry ya había solicitado una prórroga para Tamayo Arias ante el gobernador de Texas, Rick Perry, al insistir sobre "la obligación de los Estados Unidos ante el derecho internacional" y las inevitables repercusiones que podría tener para los estadounidenses detenidos en el extranjero.
El tema fue nuevamente tratado este viernes entre Kerry y su homólogo mexicano en Washington, mientras que funcionarios de los Departamentos de Estado y Justicia hacían lo propio en Texas.
Poco antes de la ejecución de Tamayo, sus abogados defensores expresaron que era "vergonzoso y trágico que el señor Tamayo pague el precio por el fracaso del Congreso en aprobar una legislación que implemente las decisiones del Caso Avena, de la Corte Internacional de Justicia".
Otros dos mexicanos cuyos casos habían sido contemplados por la Corte Internacional ya fueron ejecutados en prisiones estadounidenses.