A partir del siglo XVII, el dinamismo del comercio y el auge del estado-nación comenzaron a desplazar al feudalismo. La literatura de los clérigos medioevales (el pensamiento escolástico) estaba dejando su lugar a la obra de los comerciantes (los mercantilistas) que, por su pragmatismo comercial y la tendencia a intervenir en los mercados, irritó a pensadores de distintas épocas como Adam Smith (1723-1790) y a Eli Heckscher (1879-1952) y agradó a John Keynes (1883-1946). Aunque la literatura mercantilista haya sido la base de la obra de Smith (según Landreth y Colander, 2006), el debate económico empezaba a aumentar voltaje en tiempos en los que la piratería al servicio de la corona británica sembraba el terror en los mares. Siglos más tarde, las potencias coloniales sustituyeron sus planes vetustos por estrategias más elegantes y sutiles como la de determinar precios y cantidades en los mercados globales (establecer monopolios a través de las transnacionales) y recomendar a la academia de las regiones subdesarrolladas dejar actuar libremente al mercado vía el auspicio de la competencia y la eliminación de las barreras al comercio de bienes y las transacciones financieras. Las potencias coloniales reacomodaron su estrategia pero las ideas y el debate se volvieron anacrónicos, envueltos en intentos de refinada matemática.

Resulta llamativo cómo la elegancia y la simplicidad de estas recetas atrajeron la atención de las personas (desde las más a las menos cultas). Proliferaron en América Latina comunicándose que si sólo se aplicaban como lo recomendaba la academia (ortodoxa, por lo general), se superarían los problemas económicos como había ocurrido en Chile (gracias a Pinochet y su economía militar) y el Brasil de Lula da Silva, sin que todavía quede claro por qué aún forman parte del mundo subdesarrollado y pagan tasas de interés más altas que los desarrollados (como lo hizo Brasil días atrás). Ambos promocionan sistemas de metas de inflación, prescindencia del Estado en la economía (ofrecen metas fiscales), tipos de cambios determinados por el mercado, transacciones comerciales y financieras liberadas.

Estos alineamientos pasivos a ese orden normativo (o su publicidad al menos) causan (y causaron) admiración en ciertos círculos académicos de la Argentina, potencian (y potenciaron) los cuestionamientos al ordenamiento macroeconómico nacional (nada sirve) y transmitieron cólera al público. Mientras que actualmente sólo se dice que la emisión de dinero crea inflación, en un debate más prolífico, John Law (1671-1721) afirmaba que el aumento de la cantidad de dinero no haría subir los precios sino la producción y el empleo, en tanto que Richard Cantillon (1680-1734), haciendo referencia a una economía con menos división del trabajo que la actual (pocos sectores económicos) demostró que el dinero sube los precios en distintas formas y proporciones y existe un efecto diferenciado, determinado por la naturaleza de esa inyección de dinero (Mark Blaug, 2001).

Pensemos en la Argentina. Entre 2004 y 2007, cuando la conducción de la cartera económica estuvo en manos de Lavagna y Peirano y los precios internacionales de las commodities volaban a alturas siderales, se hablaba de una inflación producida por una emisión de dinero necesaria para la adquisición de divisas (aumento de las de las reservas) para que no se redujera el tipo de cambio (situación opuesta a la actual). Cinco años más tarde, como consecuencia del déficit fiscal y los pagos de los vencimientos de la deuda pública con emisión monetaria, sin más análisis que la repetición y la correlación (no la causalidad) de cifras, se sigue con el mismo mensaje: la emisión de dinero crea inflación sin hacerse mención, por ejemplo, a la etapa del ciclo que transita la economía. Si se compara con la profundidad del estudio de Cantillón (como el de muchos otros más), quien indicaba una forma diferencial en que el dinero impacta en el sistema y los sectores productivos de la economía, sin las computadoras y el avance técnico actual, lamentablemente deberíamos concluir que hemos retrocedido.

Más argumento. Hace unos días, un respetado economista sostenía que el Estado no debe ocuparse de la distribución (o redistribución) del ingreso en la sociedad porque con el voto que hace diariamente el individuo en sus compras de supermercado es suficiente. Desestimando el rol social de la ciencia política, superior a las acciones del "animal político" (designado por la sociedad, valga recordar), afirmaba que el político redistribuye, contradice esas votaciones y distorsiona el mecanismo de asignación de mercado que, naturalmente, "premia" a los empresarios que aciertan con los gustos de los compradores y "castiga" a los que cometen errores. Publicado en un diario de amplia difusión y arraigo en la clase media, media alta y alta de la Argentina, este análisis individual y absolutamente ideal del funcionamiento del sistema económico induce a pensar que el empresario argentino es un innovador por naturaleza y que quien no posee ingresos (desocupado) se beneficia del esfuerzo del resto sin señalarse la manera en que la población ocupada obtiene beneficios cuando, por ejemplo, envía sus hijos a la universidad pública. Señalamientos de este tipo confunden y estimulan inversiones arcaicas que dañan la salud de la moneda, socavan la estabilidad de los equilibrios, erosionan el empleo social y vulneran permanentemente las instituciones.

En línea con las ideas de Lionel Robbins (1898-1984), entre otros, esta receta atractiva y dañina, sostiene que las empresas pueden producir, comprar o vender todo lo que deseen sin regulación ni supervisión y que, cuando el mercado falla (no funciona bien), es porque los que diseñan la política económica (los gobernantes) simplemente cometen errores. Con la extensión de este argumento podría indicarse que hay países ricos y pobres de acuerdo a la forma que funciona el mercado y se eliminan sus fallas. Esta teoría bien pudo haberse cumplido sólo en Ghana después de la independencia del imperio británico pero, como el peso de la historia ha sido determinante porque la colonización europea no fue inclusiva sino depredadora, la disfunción del mercado no fue la causa de la generación de desigualdad estructural sino la desintegración de sus instituciones por parte del poder militar colonial (Acemoglu y Robinson, 2012). Estos autores señalan, además, que el retraso del Noroeste argentino se debe a la relación cercana con la economía colonial de Potosí y Perú, no por sus recurrentes fallas de mercado.

Recomendar que el mercado haga su trabajo y el Estado se retire de los lugares donde se sufren postergaciones es, en cierta forma, admitir que el pensamiento socioeconómico perdió vuelo desde los tiempos de Cantillón. Antes que condenar la política y perder tiempo en mejorar la calidad de la oferta de las agresiones a través de las redes sociales, se debería exhortar transparencia y capacidad a los gobernantes y, luego, evaluar objetivamente sus acciones para evitar inútiles repeticiones y falacias. Hace 200 años, Mariano Moreno (1778-1811) afirmaba que "la variación presente no debe limitarse a suplantar a los funcionarios públicos e imitar su corrupción y su indolencia. Es necesario destruir los abusos de la administración, desplegar una actividad que hasta ahora no se ha conocido, promover el remedio de los males que afligen al Estado, excitar y dirigir el espíritu público, educar al pueblo, contener a sus enemigos y dar nueva vida a las provincias". Evidentemente, la respuesta al retraso del desarrollo argentino es bastante más profunda y requiere de análisis comprometidos, al tiempo que, al sumar a Mariano Moreno al debate, queda demasiado en claro que nunca se ha superado la sagacidad de los pensadores de los siglos XVIII y XIX.


Gustavo Perilli es socio en AMF Economía y profesor de la UBA

Twitter: @gperilli