Brasil: familiares de presos temen una masacre en las cárceles

La creciente serie de relatos de torturas por parte de los policías y guardias penitenciarios en Brasil lleva a los familiares de los presos a temer una masacre como la ocurrida en 1992 en la prisión de Carandiru, en el Estado de San Pablo, cuando 111 presos fueron asesinados por uniformados.

La nación gobernada por Dilma Rousseff sufre una nueva crisis política al revelarse que en los últimos 12 meses, al menos 62 detenidos fueron asesinados (varios decapitados) en prisiones de Maranhão por los propios compañeros o por agentes de seguridad.

"Cada día recibimos más gente preocupada por la situación de sus familiares presos. El miedo antes era por los presos de las facciones. Ahora también es por los policías que están dentro de los presidios", afirmó Josiane Gamba, de la Sociedad Marañense de Derechos Humanos.

El diario español El País recogió el testimonio  de Nora Darragona, madre de un detenido de 21 años condenado a seis años por tentativa de robo. Esta mujer dice que las prisiones marañenses son campos de concentración modernos y contó que días atrás los agentes invadieron una celda y pidieron dinero para no incautar el celular de un preso: como dijo que no pagaría el soborno y decidió romper el teléfono, se inició una sesión de golpes a los 12 reos que estaban en el calabozo.

"Estamos viviendo una situación que está fuera de control. Sólo queremos que los presos sean tratados de manera humana. Llego a pensar que mi hijo no saldrá vivo de allá. Él incluso ya dijo que puede morir en cualquier momento. Y si sale vivo, no sé si se recuperará. La esperanza es pequeña", afirmó Darragona.

El año pasado, durante un motín, le dispararon por la espalda al hijo de Darragona. Estuvo días sin recibir atención, y cuando la mujer preguntó a los directores del presidio quién había disparado al muchacho, la respuesta que obtuvo fue: "Fue el Estado quien disparó".

"Tenemos muchas muertes por culpa de la ausencia del Gobierno"

La camarera Maria Raimunda Siqueira Santana era madre de uno de los 62 asesinados y afirmó que las amenazas contra los presos son frecuentes. "Tengo la impresión de que mi hijo murió porque no se unió a las facciones y quedó sin protección. Cuando necesitó ser protegido, algún policía lo mató. Pero no puedo acusar a nadie porque el caso no fue investigado", afirmó Santana.

Con sólo el 1% de los 550.000 presos brasileños, el estado de Maranhão registró el año pasado el 27% de los 218 homicidios en penitenciarías del país. "No somos el estado con el mayor índice de prisioneros, pero aun así tenemos muchas muertes por culpa de la ausencia del Gobierno, la falta de control de las cárceles y la falta de respeto a los derechos humanos", afirmó Luis Alberto Pedrosa, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de los Abogados del Brasil (OAB) de Maranhão.

Delegado de Policía y secretario de Justicia y Administración Penitenciaria, Sebastião Uchoa dice que parte de las denuncias de malos tratos de los familiares de los presos, así como de los propios detenidos, no son verídicas. Según él, todo lo que sea denunciado será investigado por la policía y por su departamento.

"Soy un defensor de los derechos humanos y quiero transparencia. Estamos en una crisis, pero buena parte de esos relatos sobre la acción de los policías son mentirosos. Aquí no maquillamos nada", declaró Uchoa.

El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, y la gobernadora Roseana Sarney crearon un comité para intentar resolver la crisis. Las acciones comenzaron a ser implementadas esta semana, como la transferencia de presos y la creación de un grupo de trabajo judicial para analizar la situación de los detenidos. El martes pasado, la Justicia ordenó al Estado que construya nuevos presidios en 60 días.