Se suele asegurar que "el rojo fiscal" (exceso de gasto sobre ingresos públicos) y la emisión monetaria constituyen la fórmula infalible y "la piedra angular" del proceso de generación de inflación. Por consiguiente, el suministro de una adecuada prudencia en la administración de los recursos públicos y un Banco Central independiente de la Tesorería, aseguran una perdurable estabilidad de precios. En estos intercambios, resulta interesante observar la manera en que se sublima esta teoría de la inflación sin que se diga algo sobre las estrategias individuales que, en el seno de toda sociedad, procuran poder, modifican sus expectativas (y accionan) y de un Estado que, con sus falencias y "su corrupción a cuesta", brega por mantener la equidad en la distribución del ingreso.

La conservación de las finanzas públicas es sinónimo de tranquilidad para el sector privado (familias y empresas) porque supone que no ocupará recursos (no desplazará al sector privado). Tanta psicosis origina entre éstos la noción de la intervención del Estado que, con el objeto de modificar eventuales estados de pesimismo, las autoridades la utilizan para revertir o afianzar expectativas. Veamos un ejemplo. Meses antes de que el plan de convertibilidad ingresase "en la recta final", el ex ministro Domingo Cavallo intentó doblegar la dirección de los acontecimientos anunciando una propuesta de "déficit fiscal cero" (gasto igual ingresos públicos) ante la manifiesta imposibilidad de seguir recibiendo crédito externo. ¿Qué intentaba demostrar? Que el país estaba dispuesto a esforzarse para honrar la deuda, estimulando el crecimiento económico a través de una receta de "Estado ausente / sector privado eficiente": el culto a la preservación de la libertad de mercado y la competencia. Cuando la noticia se escuchó en Washington, el ex presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Alan Greenspan y la ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y ex compañera de trabajo de Cavallo en el organismo durante la década del ochenta, Anne Krueger, celebraron, mientras que, en el plano local, una Unión Industrial Argentina (UIA) comandada por Ignacio de Mendiguren, aplaudía extasiada la medida pese a que, durante décadas, "la siempre industria naciente argentina" contribuyó a la erosión fiscal gracias a sus recurrentes necesidades de manutención.

Más allá de "los dimes y diretes" y las perturbadoras escenas políticas nocivas para el sistema económico, la teoría económica tiene mucho para decir. Siempre existió consenso en que la inflación impulsada por emisión monetaria requería una actividad económica trabajando al máximo de su capacidad, es decir con la totalidad de los trabajadores y los bienes de capital ocupados en la producción o, alternativamente, con desempleo nulo. Curiosamente, quienes abogan por la teoría monetaria de la inflación en la Argentina actual también afirman que el desempleo se encuentra en niveles alarmantes. Diagnostican inflación fiscal/monetaria sin pleno empleo pero se contradicen: si hubiera desempleo e inflación en paralelo, ésta no sería de origen fiscal/monetario.

Sobre dinero e inflación, un nutrido número de autores trabajó incansablemente y todo todavía sigue siendo materia de debate. Por ejemplo, K. Wicksell, 1907, I. Fisher, 1932; M. Friedman, 1968; K. Brunner, 1970; H. Johnson, 1972; M. Parkin, 1975; A. Metzler, 1976 y 1977 y D. Laidler, 1975, 1976 y 1981 afirman en general que existe inflación monetaria si se cumplen que:

1. Sector privado (empresas y familias) estable garantiza el regreso del sistema al equilibrio de pleno empleo automáticamente (inexistencia de desempleo).

2. Economía en pleno empleo pese a los efectos distorsivos de los impulsos monetarios.

3. Emisión monetaria genera empleo en el corto plazo y sólo sube precios en el largo plazo.

4. Interferencia nula de políticas económicas para estimular la demanda (fiscal/monetaria). Aceptación de una política monetaria sólo para establecer reglas de largo plazo.

El cumplimiento de estas condiciones revela que el diagnóstico de inflación fiscal/monetaria de la Argentina es, al menos, dudoso. Entre los cuatro puntos de arriba, en tres aparece el requerimiento de "pleno empleo" como condición sine quanon para su existencia, mientras que en el primero está presente la estabilidad del sector privado. En la Argentina, el pleno empleo ha sido un lejano deseo, mientras que la estabilidad del sector privado, todo un desafío. En este caso particular, estabilidad supondría que el productor NUNCA claudicare en su inspiración creadora; NUNCA modificase sus stocks arbitrariamente; NUNCA mantuviera planteles y producción sin registrar en el fisco; NUNCA utilice créditos con subsidio de tasas de interés para un motivo distinto del acordado con el banco, NUNCA presione gobiernos a través de sus huidizos emisarios y, por último, NUNCA sobrefacture importaciones y subfacture exportaciones en tiempos de devaluación de la moneda. Con respecto al consumidor, su estabilidad presupondría poseer patrones de consumo regular y racional (sin euforias, ni depresiones), requisito que, por diversas cuestiones, nunca se cumplió. Como no se verifica pleno empleo y la estabilidad del sector privado es imposible, saber con certeza si la inflación que acosa actualmente a la Argentina es de naturaleza fiscal/monetaria es imposible (aunque las series puedan correlacionarse desde 2011).

No se intenta afirmar que un déficit fiscal financiado con emisión de dinero nunca genera inflación en la Argentina, sino que debe emerger bajo circunstancias y situaciones estrictas tales como las ya mencionadas. Puede ocurrir, de todos modos, que el exceso de liquidez monetaria (originado en el déficit fiscal), el aumento salarial vía paritarias, la tasa de interés real negativa y la generación de nocivas expectativas, constituyan un férreo estimulo para la demanda que, aunado con el techo que le impone las limitaciones de la oferta ("no hace bien su trabajo", dicen sus críticos), desemboquen en inflación. No es una inflación fiscal/monetaria la que se está describiendo entonces, sino una conjunción de efectos que fortalecen la demanda, aumentan el empleo y comprimen la limitada capacidad productiva de una oferta que históricamente (y voluntariamente) ha sido deficiente.

No se puede hablar de inflación fiscal/monetaria sin hacer un análisis exhaustivo del contexto y las condiciones y del rol que le cabe al empresario privado. Exige entender y admitir la contribución de interacciones sociales complejas, no simplemente utilizar reglas nemotécnicas (más déficit fiscal, más inflación) que, por su simple instalación en el público, lamentablemente inducen procesos que se trasladarán en el tiempo. La inflación es un fenómeno de múltiples aristas, quienes la entienden deben hacer el esfuerzo por actuar con responsabilidad especialmente en estos tiempos de crisis.

(*) Gustavo Perilli es socio en AMF Economía y profesor de la UBA

Twitter: @gperilli