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Semejantes tasas de inflación implícita que acepta la administración pública, sea para pagar salarios a la nómina estable, como más aún a contratados, como para las compras de bienes y servicios corrientes y vinculados con la obra en infraestructura nacional y provincial, superaron levemente a la variación que difunden los legisladores de la oposición, con datos de consultoras privadas y universidades nacionales y privadas: 25,1% en ese período.

Naturalmente, en ambos casos se excedió en una vez y media la variación que desde 2007 informa el Indec, pese la insistencia de las autoridades económicas de mantener regímenes de precios administrados, acordados y congelados, y que ahora se repetirá desde enero, con un preanuncio de más de 10 días, el cual asegura su fracaso.

Tamaña discrepancia entre la inflación real que convalida la Secretaría de Hacienda, a cargo de Juan Carlos Pezoa, la cual es la responsable de administrar un gasto público de más de 42% del PBI, y el devaluado Indec, podría llevar en el corto o mediano plazo a demandas judiciales hipermillonarias por parte de los bonistas que aceptaron los canjes de deudas de 2005 y 2010 por títulos ajustables por el CER (coeficiente de actualización de referencia, para no usar la palabra nefasta de inflación), porque han recibido rentas singularmente inferiores de lo que les hubiera correspondido. Más aún, porque el consecuente sobre cálculo del crecimiento de la economía no compensó ese tremendo bache.

Podría disiparar demandas judiciales de bonistas que aceptaron títulos ajustables por CER

Según la serie de la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales en el corriente año sólo dos sectores experimentaron subas de precios interanuales mayores a la que toleró el gobierno nacional en sus compras de bienes y servicios: fueron los casos de los frutos de mar y los servicios comunales, sociales y domésticos.

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No se advierten prácticas monopólicas u oligopólicas

En los últimos días, como es habitual cuando se quiere justificar lo injustificable, para digitar los precios de la economía, en particular de los productos sensibles como son los alimentos y los de higiene, limpieza y perfumería, entre otros, pese a sus reiterados fracasos, no sólo en la Argentina sino en la mayor parte del mundo en los últimos 4000 años, se apela a la necesidad de imponer un nuevo acuerdo de precios para poner un límite a las prácticas monopólicas u oligopólicas, y por tanto a un monitoreo permanente que dispare alertas de precios por alza de costos o en la logística (cadena de distribución, desde el almacenamiento hasta el transporte al comercio para la venta final).

Sin embargo, en la serie de variación de precios implícitos en el cálculo del PBI, que justamente en la última semana difundió el Indec, se comprueba que tanto el conjunto de la industria, como del comercio mostraron alzas de precios inferiores al promedio de toda la economía y entre 16 y 11 puntos porcentuales por debajo del que convalidó el gobierno nacional en sus gastos.

Es tiempo de prestar atención a los datos reales del propio Gobierno

De ahí que en lugar de insistir con cepos, trabas y regulaciones extremas, que sólo han conducido a asfixiar las posibilidades de los sectores productivos para crecer, generar empleos y mejorar aún más su capacidad contributiva al fisco nacional, parece tiempo de prestar atención a los resultados de medición de campo que hacen dentro del propio Ministerio de Economía, para que el control de la inflación se encare más en el interior de la hacienda pública, que en el comportamiento de los privados, que son los que sufren las consecuencias nefastas de las políticas heterodoxas, discrecionales y acabadamente fracasadas.

Los anuncios de política económica de la última semana siguen más focalizados en poner el carro delante de los caballos, por eso siguen incentivando la demanda, sea de consumo de las familias, sea de inversión productiva de las Pyme (aunque el dinero es fungible, como demostró el propio Banco Central que esos recursos ayudaron a impulsar la compra de automotores y bienes inmuebles para habitar), en lugar de actuar sobre los factores que dinamitan la inflación, como es el desborde del gasto público.