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"No planteamos poner limitaciones a la libertad de expresión. Pero no podemos dejar de plantear nuestra preocupación por la acción de grupos o personas que en las redes sociales alienten a actos violentos en momentos de conmoción, porque todos saben que de ahí a situaciones de muerte hay un paso", explicaba días atrás el ministro Báez al referirse al proyecto sancionado por los legisladores, impulsado por el peronista Rubén Oscar Almará.

La medida llamaba a que el Estado provincial inste a la Nación a "intervenir y emprender las acciones necesarias para exigir a las empresas proveedoras de servicios de internet el bloqueo de las redes sociales durante el tiempo necesario para restablecer el orden público ante la instigación a cometer delitos que atenten contra el orden constitucional y la vida democrática".  Como era de esperar, generó un sinfín de críticas en los usuarios de esas redes.

Al parecer, las autoridades entrerrianas tomaron nota de los cuestionamientos. En su cuenta de Facebook, el titular de la cartera de Cultura y Comunicación divulgó un comunicado en el que reconoce su "equivocación y error de juicio al valorar el proyecto" y admite que "el mismo colisiona con políticas públicas en materia de Derechos Humanos y de libertad de expresión que han sido y son ejes centrales de nuestro gobierno".

En la nota, Báez adelanta que "sugerirá al Poder Ejecutivo no dar curso en ningún caso a la iniciativa y solicita las disculpas del caso a los usuarios de la red que debido a las múltiples interpretaciones que sobre la iniciativa se volcaron pudieron haberse sentido con razón incordiados".

"El gobierno de Entre Ríos siempre ha sido respetuoso de las libertades y de la institucionalidad de tal manera que esta circunstancia –que nunca estuvo ni cerca de concretarse, por cierto– en modo alguno podría empañar toda una historia provincial en ese sentido", aclaró.

El funcionario, que había dicho que es "indudable que el poder de

las redes sociales es tal que son capaces de generar una realidad paralela que ponga en peligro la paz social

", solicitó a los ciudadanos "responsabilidad en el uso de las mismas sobre todo en momentos de convulsión". También pidió que "en caso de detectarse conductas que inciten a alterar el orden público, a la violencia, al robo o al desconocimiento del orden democrático,

documenten dichas intervenciones para voluntariamente ponerlas luego a disposición de la Justicia

".