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El organismo reconoció que Argentina está trabajando para reformar la calidad de sus reportes económicos, lo que implica que el prestamista global no avanzará en sanciones contra el país.
El Fondo Monetario Internacional, que pide estadísticas certeras para analizar a las economías del mundo, había censurado a Argentina en febrero por no haber mejorado la precisión de sus cifras de inflación y crecimiento y le había dado un plazo hasta el 29 de septiembre para tomar medidas.
"Si bien se hace notar que Argentina
no ha adoptado las medidas que pidió el Fondo para atender la imprecisa
provisión de cifras (de inflación) y PIB, el directorio ejecutivo reconoce el
trabajo en curso de Argentina y la intención de introducir una nueva medida nacional
(de índice de precios al consumidor) a comienzos de 2014", dijo en un
comunicado el directorio tras discutir el asunto.
El "board" del organismo multilateral realizó estas declaraciones a través de un comunicado, luego de la reunión realizada en la mañana en Washington con el fin de analizar el informe elevado el 13 de noviembre por la gerencia del FMI con los avances realizados por el gobierno argentino en la elaboración del nuevo IPC nacional.
El nuevo programa se elaboró en forma conjunta por funcionarios de la Argentina y técnicos del organismo por más de dos años, por lo cual se descuenta que será aprobado.
Concretamente, el organismo le puso plazo al lanzamiento del nuevo IPC Nacional y a la revisión del PBI (manipulada por la inflación mal medida). A fines de marzo del 2014, pidió el Fondo, deberá estar en funcionamiento el nuevo índice.
"Nuevas medidas deben ser implementadas a finales de septiembre de 2014 y finales de febrero de 2015. Se requiere que el director general informe a la Junta Ejecutiva cada uno de los plazos mencionados en el estado de aplicación de la Argentina de las acciones indicadas", dice el comunicado.
"El Fondo toma nota de la importancia de las conversaciones en curso con las autoridades argentinas para mejorar la calidad de IPC oficial de Argentina y de los datos del PBI y está dispuesta a continuar este diálogo y, más en general, de continuar fortaleciendo la relación entre Argentina y el Fondo", señaló el organismo.
Las divergencias entre las mediciones oficiales y las estimaciones privadas desataron críticas internacionales y por la demora en la actualización de los datos oficiales y la calidad de las mismas, el FMI estableció el 1 febrero de este año una moción de censura hacia el país.
Cuando en febrero el FMI emitió la declaración de censura contra la Argentina, planteó: "El Directorio Ejecutivo encontró que los progresos de la Argentina en la implementación de las medidas correctivas desde la reunión de Directorio del 17 de septiembre de 2012 no han sido suficientes".
Entonces, el directorio del organismo "instó" a que el país adopte medidas correctivas "sin más demora" y le fijó como plazo el 29 de septiembre de este año para que presente los resultados.
Luego, el 13 de noviembre, la directora gerente, Christine Lagarde, elevó el informe sobre la propuesta de actualización de las estadísticas argentinas que fue trabajada durante casi dos años por técnicos del país y del FMI.
Días antes Lagarde repitió el reclamo de que el país debe ofrecer "números claros" pero también reconoció que el trabajo conjunto fue positivo.
El nuevo IPC
En abril de 2008, el INDEC dejó de publicar el anterior IPC Nacional porque arrojaba resultados superiores al del Índice de Precios de Capital y Gran Buenos Aires, que es el cuestionado por su credibilidad por las consultoras y el organismo internacional.
El nuevo índice de precios será de carácter nacional y abarcará a las 23 provincias, con trabajos de campo y de procesamiento de datos.
El IPC que está a consideración del FMI fue diagramado con la conducción de Hernán Lorenzino en el Ministerio de Economía y de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior, ambos ahora fuera del gobierno.
El nuevo escenario le quita presión al ministro de Economía, Axel Kicillof, que desde el centro de estudios Cenda criticó la política de manipulación de estadísticas, pero luego al acceder a la función pública convivió dos años con esa alteración.