Ex policías españoles rechazaron el pedido de extradición a la Argentina

Dos ex policías españoles requeridos por la jueza María Servini de Cubría, por presunta comisión de delitos de lesa humanidad durante el franquismo, se negaron hoy a ser extraditados a Buenos Aires

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 Nicolás Stulberg 162
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Se trata de los ex uniformados Jesús Muñecas Aguilar, de 74 años, y Juan Antonio González Pacheco, de 66, alias "Billy El Niño", quienes comparecieron ante el juez Pablo Ruz, ante quien rechazaron ser extraditados, por lo que ahora la Justicia española deberá decidir los pasos a seguir en una nueva audiencia.


Fuentes judiciales españolas citadas por la agencia AFP indicaron que el juez los dejó "en libertad con comparecencias semanales, la retirada del pasaporte y la interdicción de salir del país".


A mediados de septiembre, Servini de Cubría había hecho lugar al planteo de querellantes, familiares de víctimas del franquismo, y pidió a España el arresto provisorio con fines de extradición de Muñecas Aguilar y de González Pacheco.


También incluyó en su petición a los ex policías Celso Galván Abascal, de 78, y José Ignacio Giralte González, de 71, los cuales ya habrían fallecido.


A todos los acusa de los presuntos delitos de "homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas y sustracción de menores", a los que considera crímenes de lesa humanidad, es decir, imprescriptibles.


La querella fue presentada en Buenos Aires el 14 de abril de 2010, aniversario de la Segunda República española, por familias de dos fusilados en la dictadura de Francisco Franco, y fue acompañada entre otros por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y las Abuelas de Plaza de Mayo.


El 24 de septiembre, la Fiscalía española se opuso al pedido de detención provisoria que había hecho llegar Servini de Cubría, y consideró que los crímenes que se les imputan están prescriptos y amnistiados por una ley de 1977.


No obstante, el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Bautista dictaminó a favor de que el juzgado prosiga el trámite de la eventual extradición a Argentina, en el cual el Gobierno español  tendrá la última palabra.