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Argentina está conmocionada por la sucesión de fugas que se vienen produciendo en distintas cárceles del país. Sólo en los últimos tres meses se escaparon más de 50 presos.

"Evadirse de una cárcel es muy difícil. La gran cantidad de fugas, que se dieron con formas cinematográficas poco creíbles, hacen pensar que en realidad siempre se dan con ayuda de algún mal funcionario. Nadie se escapa sin ayuda interior", dice Francisco Miguel Mugnolo, procurador Penitenciario de la Nación, en diálogo con Infobae. La principal sospecha indica que los guardias penitenciarios liberan a los presos a cambio de un monto determinado.

En lo que va del año, la Procuración registró solamente en las prisiones federales un total de 21 muertes violentas y 426 casos de tortura.

En México, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el 60% de las cárceles hay autogobierno. Eso significa que los grupos que lideran el crimen organizando manejan a su antojo el funcionamiento de los pabellones, y hasta tienen las llaves de los candados que permiten pasar de un sector a otro.

Desde 2010 se fugaron más de 500 presos y murieron casi 400 reclusos en distintas riñas producidas en todo el país. La superpoblación es del 25,8% y las torturas son una práctica recurrente.

La situación es aún más crítica en Venezuela. En distintos episodios violentos ocurridos en los primeros seis meses de 2013, 289 reclusos fueron asesinados y 423 resultaron heridos, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones. En el mismo lapso, se fugaron 110 personas.

Desde 1999, año en el que Hugo Chávez asumió la presidencia, murieron 21.961 presos. El sistema carcelario tiene capacidad para albergar a 16.539 reclusos, pero la población total asciende a 52.933, lo que supone un hacinamiento del 220%.

El 24 de enero de 2013, como respuesta a la crisis carcelaria desatada por sus políticas, el gobierno ingresó con la Guardia Nacional a la cárcel de Uribana para aplacar un motín. Fue una masacre: 61 internos, 2 visitantes y 1 oficial fueron asesinados.

El pasado 16 de septiembre, un enfrentamiento entre dos bandas rivales por el control de la cárcel de Sabaneta, la única de carácter nacional, terminó con 16 presos asesinados con armas de fuego. En respuesta, Iris Varelala, ministra del Servicio Penitenciario, anunció el desalojo de los más de 4 mil personas alojadas en el penal, cuya capacidad era para 700 hombres.

Durante los operativos se pudo comprobar que unos 300 niños -200 de ellos menores de 9 años- vivían ahí junto a sus padres en condiciones de extrema precariedad.

Las cárceles, a cargo de bandas criminales

"El problema del crimen organizado ejerciendo el control de las prisiones pasa principalmente en Venezuela, Colombia y América Central. En Brasil tienen mucha fuerza en las cárceles de San Pablo. Tal vez pasa menos en países como Chile, donde las características de la criminalidad son distintas", explica a Infobae el sociólogo Sergio Adorno, director del Centro de Estudios de la Violencia de la Universidad de San Pablo.

En el caso de Brasil, las prisiones de San Pablo están en gran medida controladas por el Primer Comando Capital (PCC), una organización conformada por miembros del crimen organizado que están en la cárcel.

"Como consecuencia de la crisis carcelaria -continúa Adorno-, hace 10 o 15 años se expandió el sistema penitenciario. Esto favoreció que las bandas criminales se organizaran adentro de las cárceles y estableciera las reglas de convivencia interna: quién puede matar y quién no, quién puede portar armas, cómo deben ser las relaciones sexuales".

"Hubo un gran cambio en los patrones de convivencia. El preso es hoy más obediente a lo que determina el crimen organizado que a los estatutos de la cárcel", agrega.

En Venezuela, las prisiones están dominadas por los "pranes", criminales que ocupan un lugar jerárquico en distintos grupos mafiosos y que al ingresar a la prisión se convierten en verdaderos jefes. Pueden cobrar al resto de los internos hasta 60 dólares semanales a cambio de "protegerlos" de lo que ellos mismos podrían hacerles si no pagan.

Un caso extremo es el de Teófilo Rodríguez, conocido como "el Conejo", que controla a su gusto la cárcel de San Antonio en la Isla Margarita. Allí vive en una casa con todos los lujos imaginables adentro mismo del penal. Cuenta con guardias armados, controla el tráfico de droga, organiza fiestas con prostitutas y zanja a los tiros las disputas que surgen entre los presos.

"Los pranes nacen por el abandono de los diferentes órganos responsables del Estado", explica Marianela Sánchez, responsable del área judicial del Observatorio Venezolano de Prisiones, en diálogo con Infobae.

"Venezuela es el el país con mayor violencia carcelaria de la región. Es el único del hemisferio en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró siete medidas provisionales por muertes en las prisiones. En la actualidad hay más probabilidades de morir dentro de una cárcel que en las calles, aún a pesar de la gran inseguridad que hay", agrega.

Pero los pranes no son un fenómeno exclusivo de Venezuela. En las prisiones de Argentina y de otros países de la región están empezando a surgir figuras muy similares.

"Algunos han empezado a hablar de autogobierno para describir la situación de las cárceles. Hay mucha tercerización: las autoridades penitenciarias pierden cada vez más el control de la prisión frente al delegado del pabellón. Entonces, el interior de la cárcel es administrado por los mismos presos. Es una realidad regional, que se da en Bolivia, México y Perú", explica Mugnolo.

La resocialización, una utopía

Este funcionamiento hace que la cárcel se convierta en una escuela del crimen. En un contexto en el que las personas llegan cada vez más jóvenes a las prisiones, aquellos que son apresados por delitos menores y que tal vez no tenían vínculos con el crimen organizado, tienen muchas probabilidades de terminar presos de él durante el encierro.

"No se les ofrecen herramientas para cambiar su modo de vida -dice Sánchez-. Por el contrario, los presos salen peor de lo que ingresan". Para la abogada venezolana, esto explica en gran medida que "el nivel de reincidencia sea severo".

Mugnolo realiza el mismo diagnóstico: los efectos que tiene la prisión sobre los internos son los contrarios a los buscados. Y las consecuencias de esta realidad son bastante evidentes. "Se sabe que hay mucha reincidencia en los cinco años posteriores a la liberación. En la mayoría de los casos, se produce una reincidencia inmediata".

Ambos expertos coinciden en que este fenómeno no se da sólo por la influencia negativa de la cárcel, sino que también se apoya en que el Estado abandona a las personas luego de liberarlas. "No hay políticas públicas diseñadas para ayudar al interno cuando sale en libertad, tras atravesar un deterioro moral y psicológico incalculable", dice Sánchez.

En muchos casos, el circuito de entrada y salida es funcional a los intereses criminales. "Forma parte de una estrategia de comunicación entre el afuera y el adentro para las bandas. No es sólo una cuestión de falencias punitivas del sistema", explica Adorno.

Así, parece imposible que los reclusos corten sus vínculos con el delito. "Hay una relación muy cercana entre el interior y el exterior de las prisiones -dice el sociólogo brasileño-. Mucho de lo que pasa adentro es organizado desde los barrios bajos, y viceversa, los líderes que son encerrados continúan controlando los negocios desde la cárcel".

Gran parte del problema que tienen los estados de la región para resolver la crisis de sus sistema carcelario forma parte del problema mayor que representa el crimen organizado en el siglo XXI. "Hay una crisis en las políticas de seguridad -dice Adorno-. El crimen organizado es muy creativo y se apoya cada vez más en al tecnología. La Policía no tiene tantas capacidades técnicas y organizativas".

"La criminalidad mudó de patrón, se modernizó y alcanzó una escala que no se conocía anteriormente. Pero las modalidades de represión permanecen como hace 50 años. Lo mismo pasa con el sistema de justicia, cuyo modelo es del siglo pasado. Entonces hay un desfase muy grande, porque no logran acompañar a las nuevas modalidades de la economía del crimen", agrega.

Por eso es necesaria una reforma profunda que englobe cambios en las políticas de seguridad, en la administración de justicia y, por supuesto, en el sistema carcelario. Sin embargo, los especialistas consultados por Infobae coinciden en que todos los países latinoamericanos insisten en modelos penitenciarios perimidos, incapaces de cumplir la función social para la que fueron creados.

"Deberíamos pensar en modelos alternativos. La cárcel debería ser para las personas que comenten los hechos de violencia más graves, que tienen que estar aisladas para que no puedan agredir los derechos de otros. Pero para muchos jóvenes que van presos por ser pequeños traficantes y consumidores de droga, la cárcel no parece ser una buena solución, ya que allí terminan sometidos al crimen organizado", dice Adorno.

"Es preciso diseñar

una política de seguridad que rompa con este ciclo.

Que los magistrados apliquen penas alternativas, y

que el Estado pueda realizar un seguimiento para que se cumplan

", concluye.