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"Nunca se le dio importancia a este problema y por eso ahora explotó. No quiero decir que sea tarde, pero se ha dejado avanzar al narcotráfico al punto de tener bandas de otros países que vienen a instalarse y hacer negocios. Si en los 80 podíamos ser un país de tránsito por excelencia, hoy tenemos un mercado de consumo muy, muy importante", dijo a Infobae Gustavo Losada,  juez en lo Penal Económico en los tribunales de la Capital Federal, que lleva, entre otras, la causa originada en el mayor secuestro de cocaína en nuestro país -más de tres toneladas en el año 2010- conocida como "Manzanas Blancas". Para tener una idea de la dimensión, basta señalar que en América Latina se producen entre 600 y 700 toneladas de cocaína anuales, básicamente en Colombia, Perú y Bolivia.

Aquel diagnóstico de país de tránsito de los años 80 acabó siendo una suerte de excusa para la autocomplacencia de las autoridades y organismos del Estado por mucho tiempo; un tiempo perdido irrecuperable para la prevención y la lucha contra este flagelo.

"No importa en qué grado de crecimiento esté el narco en una sociedad, hay que preocuparse por atacarlo en vez de preocuparse en qué punto se está. En Colombia, cuando nos quisimos acordar, ya manejaban el negocio y habían corrompido la policía y la Justicia. Cuando menos lo pensamos ya teníamos cárteles que habían convertido a mi país en un narcoestado". Esta fue la advertencia de la colombiana Paola Holguín, experta en seguridad que visitó nuestro país en septiembre pasado y participó de un panel de debate en la ciudad de Rosario, cuyos últimos hechos de violencia describió como "característicos de territorios en conflicto por estupefacientes".

No hay duda de que Argentina se consolida como una ruta importante de drogas hacia Europa, donde se paga el mejor precio para la cocaína –basta recordar el caso Juliá: en enero de 2011 un avión privado que salió de Buenos Aires fue requisado en Barcelona con 944 kilos de cocaína- pero hay que tener en cuenta dos elementos: primero, las razones por las cuales nos hemos convertido en un país accesible a la operatoria de esos grupos hablan de nuestra debilidad institucional. Y, segundo, el tránsito no es inocuo: poco a poco la droga –cada vez más abundante y por lo tanto más barata- va penetrando también el mercado local con su "secuela de degradación, violencia y corrupción, inherente a este tipo de delito", en palabras del juez Losada.

Todos los especialistas consultados por Infobae coinciden con el grito de alerta lanzado por la Conferencia Episcopal Argentina el pasado viernes 9 desde Pilar: "Si la dirigencia no toma medidas, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar las mafias del narcotráfico".

No somos Colombia sigue siendo el latiguillo de muchos. Pero ya están entre nosotros algunos de los fenómenos que caracterizan o caracterizaron en el pasado a los países penetrados por el crimen organizado.

     "La política de radares es una gran deuda del Estado"

Un funcionario de un juzgado de la Capital que a diario debe lidiar con este flagelo, en particular en las villas de emergencia, dio, con reserva de su identidad, una descripción de la situación: "Por lo general hay un reparto de 'tareas': los peruanos, la cocaína; los paraguayos, la marihuana. La villa 1-11-14 está dividida por la avenida Riestra, y cada cual tiene su zona, pero cuando se quieran expandir, estallará la violencia, como ya ha sucedido en algunos casos. En un mismo barrio puede haber varias banditas de no más de 10 a 15 personas que trafican entre 500 y 100 kilos de marihuana por semana. Tan fácil como un tipo acá y otro en Paraguay, cruzan la droga por Wanda (Iguazú), Misiones, sin el menor control, en tandas de 200 kilos, y cuando tienen una cantidad importante la mandan en camión. La marihuana viene del Paraguay y es más fácil para ellos conseguirla. En cambio la droga que sale al exterior es obra de bandas de argentinos o de colombianos. Salvador Maza, en Salta, frontera con Bolivia, es otro colador. Son coladores todas las fronteras. No es exagerado decir que las avionetas ya llegan hasta el conurbano bonaerense, tiran la droga sin bajar".

Sobre esto, dice el juez Losada: "La política de radares es otra de las grandes deudas del Estado argentino. Los que tenemos no permiten el control de las pequeñas avionetas que son las más usadas para cruzar la droga. En Córdoba una avioneta bajó con 300 kilos de marihuana. Calculemos, si vino del exterior, todo el espacio aéreo que cruzó. Quiere decir que cualquiera puede entrar cualquier tipo de avión".

"El sistema tiene bajos los anticuerpos, 90% del espacio aéreo sin radarizar, nuestros pasos fronterizos son fáciles de atravesar, hay una debilidad intrínseca del Estado que hace que sea muy fácil operar acá. Entonces, en la medida en que se endurece la situación en países productores, como Colombia, o en el mismo Brasil, que se ha puesto mucho más duro en los últimos años, las organizaciones de narcotráfico se van hacia Venezuela o hacia Argentina, que son mercados más fáciles", dice Eugenio Burzaco, ex jefe de la Policía Metropolitana e integrante de la Fundación Pensar.

Y, consultado por Infobae acerca de dónde radica el principal escollo para que Argentina tenga una política coherente en la materia, responde: "La falla es política, porque no hay decisión de encarar el tema. Es como la inflación: si se niega la realidad, es imposible enfrentarla      Es como la inflación: si se niega la realidad, es imposible enfrentarla. En segundo lugar el sistema de seguridad es un descalabro. Traen gendarmes y prefectos de la frontera a las ciudades, las fronteras están poco cuidadas por falta de personal, últimamente han usado a militares para cubrir esos agujeros, lo cual es violatorio de la ley de seguridad interior... O sea, un despropósito. Si cada uno hace lo que se le ocurre y las fuerzas de seguridad están desbordadas, no podemos tener otro resultado que el actual".

 

¿De qué se habla cuando se habla de tránsito?

Entrevistada por Juan Miceli para Infobae TV, la fiscal general Mónica Cuñarro, que hace unos años asesoró al Gobierno en materia de delitos complejos, dijo que "Argentina es ahora un país de tránsito consolidado, mientras que antes era circunstancial". En su opinión, el quiebre se produce en los años noventa. Pero ubica otros dos puntos de inflexión: en 2001 y en los últimos 5 años, durante los cuales, "Argentina, junto con Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela y Ecuador, se consolidan en ese rol porque tienen salidas al mar".

"Claro que la cocaína no llega a ser tal sin el precursor químico –admitió Cuñarro. Nuestro país es uno de los mayores productores de precursores químicos. Es una gran industria nacional lícita que hay que proteger. Pero el problema es cuando se desvían esos productos y llegan al laboratorio en Bolivia o Perú. El tema es que hoy, por el valor del peso, está conviniendo más hacerlo acá, que llevar el precursor a la frontera y por lo general son bolivianos y peruanos los que lo hacen, aquí, en nuestro país".

¿De qué se habla entonces cuando se habla de tránsito? Porque el grueso de la marihuana –que viene casi toda de Paraguay- se consume mayormente en el país y un porcentaje menor va a Chile. La cocaína, en cambio, se encamina hacia los grandes centros de consumo. Pero una parte siempre creciente queda aquí, o no sería Argentina el segundo país consumidor en América. Por otra parte, se empieza a realizar, como vimos, una parte del proceso de transformación de la pasta base en el país. No tenemos todavía laboratorios grandes, con capacidad de procesar una muy importante cantidad de cocaína -mayormente ya viene procesada- pero, considerando el rumbo que lleva el país en la materia, no hay por qué pensar que no los tendremos pronto.

Como señala Gustavo Losada, al no haber una autoridad que coordine, "cada cual tiene su propia política y así nos va: de Rosario al Chaco cada uno hace lo que puede, no hay políticas federales y la gravedad que tiene hoy el narcotráfico es producto de esa desidia, de ese no ocuparse por tantos años, y por eso los cárteles encontraron aquí no sólo un buen país para vivir, como en los 80; hoy ya no vienen de visita, sino también a hacer negocios, por eso son los secuestros insólitos que tenemos a diario, en el norte, por ejemplo, hablamos de toneladas. Cada procedimiento en Misiones es de una tonelada o más. Y ya hay cocinas acá, que procesan droga sintética, que es la gran amenaza".

     "La gravedad que tiene hoy el narcotráfico es producto de la desidia"

Cuñarro insiste sin embargo en que Argentina es todavía un "país de tránsito, porque es un mercado pequeño en términos de dinero y de consumo en comparación con Europa y Estados Unidos."

Pero detrás de esa pequeñez, sólo relativa a mercados más grandes, hay un crecimiento exponencial del consumo y por lo tanto un gran problema para el país.

"Es cierto –dice Burzaco- que por nuestro país circula droga con otros destinos, pero ya se produce droga aquí, en su última etapa, en niveles importantísimos, por eso hay cocinas, hay laboratorios, hay pasta base, hay paco. Tenemos el doble de consumidores que hace una década. Entonces seguir usando este viejo tema del 'tránsito' es esquivar la realidad de que tenemos un problema de narcotráfico significativo, ciudades muy complicadas como Rosario y, en la medida en que los funcionarios públicos no admitan la realidad, es muy difícil tomar las medidas que corresponde".

"Según la encuesta anual de la ONU, el 2,8% de la población adulta (entre 15 y 64 años) de Argentina consume cocaína, lo que equivale a casi un millón de personas –destaca Burzaco-; mientras que 7,5% consumen marihuana. Es un mercado de consumo muy significativo. Un kilo de cocaína en Buenos Aires vale 10 mil dólares, si una persona consume 50, 100 gramos al mes, estamos hablando de un negocio de más de mil millones al año".

Un negocio que, además, deja tras de sí un producto marginal, el tristemente célebre paco –mezcla altamente adictiva de pasta base, vidrio molido, querosén y otros productos químicos-, que no "exportamos", pero que tiene un importante mercado interno, básicamente en las villas, porque se vende muy barato.



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Prevención cero

Esto es lo que vuelve más flagrante e inexplicable la falta total de campañas de concientización, en contraste, por caso, con la eficacia con la cual se combatió el consumo de tabaco.

"El tema de prevención es alucinante –sostiene Alberto Föhrig, profesor de Ciencia Política en la Universidad de San Andrés e investigador de esta problemática. Cualquier país que tuviera una situación como la nuestra declararía una emergencia sanitaria. El aumento del consumo en Argentina es fenomenal. En el continente americano somos el segundo consumidor de cocaína per cápita apenas detrás de Estados Unidos. Hay una explosión del consumo porque cada vez hay más droga y más barata      "Hay una explosión del consumo porque cada vez hay más droga y más barata"".

El ser un país de tránsito "fácil" evidentemente tiene repercusiones locales, y de mucha gravedad.

"No hubo ninguna política seria de salud en los últimos 15 años, para no personalizar en este gobierno, no hay política de tratamiento de adicciones, no hay un plan nacional; sólo esfuerzos absolutamente insuficientes de ONG, de pequeños centros de rehabilitación, granjas, pero los jóvenes más afectados por este problema que son de sectores de bajos ingresos, no acceden. Por lo tanto se está condenando a consumidores de sustancias de alta adictividad, como el paco, a que no tengan tratamiento alguno", insiste Föhrig.

De esta desatención del Estado a la anomia social hay una corta distancia. Y ya se hace sentir con fuerza en los barrios más problemáticos, donde carencias de todo tipo hacen el campo orégano a las bandas delictivas.

"Un referente de la villa 1-11-14, adicto hoy recuperado, me decía que cuando él era consumidor, el narco estaba en la esquina, a 3 cuadras, era un outsider. Ahora forma parte de la sociedad. Entonces un chico de 10 ó 12 años lo ve como bueno porque el narco es el que le lleva la guita, le compra zapatillas", contó a Infobae el mismo funcionario judicial que prefirió guardar anonimato.

Este es tal vez el más grave diagnóstico: que en algunos barrios el delito organizado ya haya comenzado a sustituir al Estado ausente. "Como pasó en su momento en la Colombia de Escobar el riesgo es que se instalen dentro de las instituciones y ya compiten desde el mismo Estado y eso es peligrosísimo", dice Losada.

"Esto no es nada distinto de lo que ocurrió en muchos países latinoamericanos, empezando en los 80, advierte también Alberto Föhrig. Hace 30 años, ésa fue la estrategia de Pablo Escobar en Colombia, el tipo era básicamente un sustituto del Estado. Para un chico de 15 años, en la villa, el Estado es parte del problema y no la solución. No trata sus adicciones, no le da trabajo, no le da un proyecto educativo. Encima lo reprime. Y, como contracara de ello, estas organizaciones brindan 'trabajo' y acceso a bienes que de ninguna manera esa persona se podría procurar. El trasfondo social sobre el cual se asienta el narco es el famoso ni-ni, un millón de chicos que no estudian ni trabajan...      "El trasfondo es el famoso ni-ni, un millón de chicos que no estudian ni trabajan""

Para Föhrig el de la droga es un problema de salud, pero con impacto en la cuestión delictiva: "Un montón de esos chicos son mano de obra barata de estas organizaciones y en general son los que mueren en los enfrentamientos. Sin salida vía educación, ni vía trabajo, ni vía tratamiento de adicciones, desde la perspectiva individual, un chico en esas condiciones está totalmente perdido. Y esto obviamente afecta a la seguridad, pero el núcleo del problema es sanitario. Tiene que haber un servicio nacional gratuito de asistencia al adicto muchísimo más amplio".

También el juez Losada apunta al problema de las generaciones perdidas. "En el delito de menores lamentablemente está casi siempre presente la droga, tanto en el consumo como en la venta. Estamos hablando de las generaciones por venir, del futuro. Invirtiendo mucho y sostenidamente en políticas de prevención podríamos tener algún fruto manteniendo esas políticas, de aquí a 5 ó 6 años. No es cuestión tampoco de un gobierno, pero sí puedo decir que 10 años de un mismo gobierno es un tiempo más que razonable como para fijar una política seria y obtener algún fruto      "Diez años de un gobierno es un tiempo más que razonable para fijar una política seria". Como no hubo ese tipo de política hemos llegado a esto".

El otro elemento preocupante, porque afecta una dimensión estructural es la colusión del crimen organizado con los agentes estatales que deben combatirlo.

"No se puede hablar de narcotráfico sin hablar de corrupción –dijo Mónica Cuñarro en la entrevista citada. La policía, hasta los 90, hacía caja con la prostitución y con el juego. No se metía con la droga. Desde entonces, y ahora se ha profundizado, hay nichos de corrupción enclavados en las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, en agentes estatales (funcionarios) y en magistrados. El político se hace el distraído, le dejo este negocio a la policía, piensa, no quiero quilombo . Otro hace un spot para la televisión, pero sabe que su policía es corrupta. Y finalmente, está el que se mete, es cómplice y hace caja. Esto es un suicidio político. Los tres, lo que no quieren saber, se trate de concejales, intendentes, gobernadores -por ende jefes políticos de las fuerzas de seguridad-, es que hoy el golpe de Estado no te lo hace el sector militar sino, como vimos en el caso del gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, cuya casa fue baleada, o a nivel regional con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, hoy el golpe lo hace la policía. Entonces se debe enfrentar el tema".

 

La "década perdida" en seguridad hemisférica

"La violencia y el crimen organizado constituyen una de las principales amenazas a nuestras democracias que tanto esfuerzo han costado, dijo Mario Montoto, presidente de la fundación Tadeo, en una conferencia sobre narcotráfico que tuvo lugar el pasado 9 de noviembre en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de Bogotá, Colombia.  "México y Paraguay se ubican a la cabeza entre los primeros países productores de marihuana a nivel mundial, y Colombia, Perú y Bolivia producen virtualmente la totalidad del insumo (la hoja de coca) para la elaboración de la cocaína", explicó.

Hasta hace unos años, el Cono Sur, todavía era visto como "mera zona de tránsito de esa droga hacia mercados externos -principalmente europeos", siguió diciendo. Pero hoy, ya estamos "frente a un creciente problema: el aumento del consumo local de drogas", señaló.

Y, en el mismo panel, Andrés Molano Rojas, abogado y especialista en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario, Colombia, lamento la "década perdida en materia de seguridad hemisférica, en un continente donde abundan las amenazas comunes pero escasean las amenazas compartidas".

Y agregó que en la región no sólo tenemos fronteras porosas sino pleitos secundarios como el que enfrenta a Argentina y Uruguay ante el tribunal de La Haya, que dificultan una política de seguridad común.

En opinión de Alberto Föhrig, para poder enfrentar este flagelo, "el problema principal es la complicidad, una cosa es tener al Estado trabajando mancomunadamente contra el delito y otra es tener dentro del Estado gente que está a favor de la lucha y gente que quiere mantener el statu quo".

Consultado acerca de si existen cifras confiables sobre el fenómeno, dice: "Un indicador imperfecto, pero es el único que tenemos, es el de la tasa de delitos contra las personas. A partir de datos oficiales del conurbano bonaerense a nivel municipal entre 1995 y 2008 puede notarse un crecimiento muy marcado. Hay municipios que en esos 13 años registran un aumento del 300 %. No se puede decir que ese 300% sea todo debido al narcotráfico, pero donde hay altas tasas homicidios se puede suponer que hay luchas territoriales de bandas. De todos modos, lo que está claro es que la violencia aumentó exponencialmente en un período muy corto. El aumento no fue parejo. En Avellaneda, por ejemplo, 300%, mientras otros distritos están relativamente tranquilo".

"Tampoco puedo concluir necesariamente que donde no hay alta tasa de delito hay baja actividad del narcotráfico. Porque puede haber complicidad de las autoridades", aclara Föhrig, coincidiendo con lo dicho por la fiscal Cuñarro sobre la actitud de algunos intendentes.

Pero lo que destaca este profesor es que "la disparidad en las tasas del delito muestra que hay fenómenos localizados y territorializados –y justamente el de la droga es un delito muy territorial-, por ejemplo 38% del delito en San Martín tiene lugar en una pequeña franja del camino del Buen Ayre, y cuando se tiene una concentración altísima de homicidios focalizada en una zona se puede deducir que hay delito organizado operando en ese lugar".

 

La indelegable responsabilidad del Estado

El juez Losada elogia el documento de los obispos, "no tanto porque diga algo que no se sepa sino por venir de un actor social que tiene una voz muy importante". Y espera que esto mueva el tablero. "Lo que urge es tomar conciencia del problema y el Estado es el único que puede convocar al diálogo entre todos los que deben actuar en este tema. Hay que tomar seriamente esto. No hay día que no tengamos una noticia en los diarios relativa a peleas entre narcos o secuestros de a cien kilos para arriba, es altamente preocupante"

Para Burzaco, el reciente atentado contra el gobernador de Santa Fe tiene que ser "un punto de inflexión en la Argentina" porque se trata "de un indicio de que quienes manejan el narcotráfico en Argentina se sienten con total impunidad". "Este tipo de crímenes y atentados son más propios de Colombia y México que de Argentina. Tiene que ser un llamado de atención y reflexión para toda la clase dirigente para que actuemos en consonancia", advierte.

"Dejemos de caer en lugares comunes –pide también Burzaco. ¿Qué es tránsito consolidado? Es como la sensación de inseguridad. Es para no hacerse cargo de la responsabilidad ante un problema que es producto de que el Estado está ausente y nos seguimos mintiendo a nosotros mismos. Por supuesto que hay droga de tránsito, pero en Argentina también se produce. En un procedimiento cuando yo estaba al frente de la policía comunal, contra 4 laboratorios de drogas, uno estaba en Parque Patricios, a 50 metros de la Rosada. Y ahí había tambores con precursores químicos, pasta base. Era una banda de argentinos y bolivianos y el destino de la producción era el mercado local. Llenaban los chasis de los autos con droga para distribuirla por todo el país".

Hay pues coincidencia en el señalamiento a la inacción del Estado que cada vez parece renunciar más a sus atribuciones en materia de seguridad y orden público y, pese a lo declamado, también de contención e inclusión social. Al mismo tiempo, sin la intervención del Estado –en todos sus ámbitos pero a nivel nacional primero- será imposible coordinar una política y alcanzar eficacia en la acción.

Los obispos señalaron su estupor de que no se haya designado titular del Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico), a 8 meses de la renuncia de Rafael Bielsa. Y aunque el subsecretario, Julio Postiglioni, aseguró que "la vacancia" en el organismo "no paralizó la actividad del Estado", el juez Losada sostiene que de todos modos hace tiempo que esa Secretaría ha perdido relevancia.

"Lo primero a señalar es la desidia estatal de décadas, dice. La Sedronar se crea en 1989 para coordinar las políticas de prevención y de lucha contra el narcotráfico, pero lamentablemente, con los ajustes, sobre todo en tiempos de Carlos Menem, cuando se recortó drásticamente su presupuesto, se volvió un organismo totalmente inerme y sin relevancia. Y luego se le siguieron quitando atribuciones y medios".

De todos modos, el juez Losada rescata la intención con la cual se creó esa Secretaría y sostiene que es lo que se debe hacer de modo urgente: coordinar políticas de mediano y largo plazo.

"Por eso –insiste- hay que tener políticas serias, no se trata de mano dura o mano blanda, sino políticas serias a cargo de personas que conozcan del tema. Tenemos que tener una policía científica, ultrapreparada, con excelentes sueldos, porque lo que está pasando en Córdoba o Santa Fe, donde vemos alianzas entre las fuerzas de seguridad y el narcotráfico es por una cuestión de dinero, no hay otra cosa".

Fronteras porosas, descalabro y descoordinación de la política de seguridad, juventud marginada y ausencia de toda campaña de prevención y asistencia al adicto conforman el peligroso cóctel que ha facilitado el avance del crimen organizado en el país hasta niveles de los que, como señala el documento de la Conferencia Episcopal, no será fácil volver.

"La ola de corrupción y de degradación es tal que no ocuparse de este tema es una suerte de suicidio como sociedad", concluye Losada.