El fiscal del juicio oral y público solicitó que el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condene a Ricardo Jaime a la pena de un año de prisión condicional por el delito de tentativa de robar pruebas en un procedimiento judicial. El castigo por este delito menor es excarcelable.
En su alegato el fiscal Maximiliano Hairabedián basó el pedido de condena en los testimonios del principal de la Policía Federal Miguel Ángel Maidana, quien descubrió que Jaime se metió tarjetas que lo vinculaban con una empresa en su bolsillo.
Hairabedián defendió la fidelidad y la sinceridad del testimonio del policía Maidana, quien no tenía ningún motivo para inventar la historia del intento de robo. "¿Pudo haber inventado que Jaime se intentó robar las tarjetas?". Maidana es, según el fiscal, "un testigo que respondió con franqueza y espontaneidad. No miente"·.
"¿Qué interés tenía Maidana en inventar la historia? -se preguntó Hairabedián-. Odio, bronca, persecución a un imputado? No lo conocía a Jaime y fue seleccionado al azar para ir al allanamiento. Fue respetuoso. No tenía animosidad contra Jaime. No tuvo mala fe para inculpar a Jaime de un delito", señaló el fiscal. "¿Será un delirante? No parece ser el perfil de Maidana. Incluso su jefe, el comisario Daniel Saldívar, había dicho que tenía un buen concepto del principal", dijo el fiscal. Con sus argumentos evitó el intento del defensor de Jaime, Marcelo Brito, de destrozar el testimonio de Maidana.
El fiscal también defendió el testimonio de la contadora Eleonora Feser, quien dijo que existían las tarjetas porque fue ella quién las encontró. Además fue testigo porque Maidana le contó lo que había pasado con las tarjetas. Y para el fiscal ese testimonio es importante. Jaime negó la existencia de las tarjetas. El fiscal se preguntó si "un policía federal de Córdoba y una contadora porteña se habían confabulado a la distancia para inventar la situación del intento de robo". La respuesta es "no". Hairabedián descartó la existencia de un complot para inventar el intento del robo.
Jaime –para Hairabedián- tenía un móvil para que desaparecieran las tarjetas. "Era el único que se beneficiaba con la desaparición de las tarjetas. Porque esas tarjetas eran útiles para investigar el patrimonio de un imputado como Jaime en una causa de enriquecimiento ilícito donde cualquier contacto del investigado con empresas o sociedades es muy importante".
Calificó la actitud de Jaime como "tentativa de sustracción de documentos destinado a servir como prueba". Y como el delito tiene una pena de entre quince días y dos años y ocho meses, pidió una pena de un año de prisión de cumplimiento condicional.
Consideró
, quien devolvió lo que se había quedado. No tiene condenas anteriores y eso lo favorece. En su contra se considera que Jaime fue funcionario público y que era investigado por un grave delito de
como el enriquecimiento ilícito. Y señaló que Jaime, que ocupa una posición importante de la sociedad, debía valorar lo que hizo.
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