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"La ley tiene elementos que afectan gravemente la libertad de prensa y la libertad de expresión, tales como la creación del concepto de linchamiento mediático, que, por supuesto, no existe y pretende ser una forma irónica de limitar las expresiones críticas de la prensa hacia las políticas públicas o funcionarios de Estado", afirmó La Rue en un comunicado.

"Se establecen mecanismos de censura, tales como la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación, que claramente va dirigida a limitar la libertad con la que las y los periodistas pueden opinar sobre hechos relevantes, políticas públicas y sobre los funcionarios del país. Un funcionario público puede estar de acuerdo o no con los comentarios de la prensa y tiene el derecho de responder a estos como cualquier otra persona, pero en ningún momento, por desacuerdo, puede inhibir o censurar dichos comentarios, ni limitar la libertad de prensa que debe prevalecer en toda sociedad democrática. Los mecanismos mencionados anteriormente son inaceptables, pues constituyen violaciones al Artículo XIX del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Artículo XIII de la Convención Americana de Derechos Humanos", agregó.

Por otro lado, La Rue lamentó que la ley se haya emitido "sin tomar en cuenta las recomendaciones que hiciera al Congreso en 2011", y reiteró su "preocupación" debido a que no fue "sometida a una amplia consulta con los diferentes actores sociales, incluyendo los periodistas".

Ante la gravedad de la situación, el funcionario de Naciones Unidas le envió un mensaje a Correa: "Me permito recomendar al presidente de la República, Sr. Rafael Correa, que no sancione esta ley sino la envíe de regreso al Congreso de la República para ser más ampliamente discutida ante su aprobación".